La Procuraduría General de la Nación estudia una denuncia que podría sacudir a la administración de Johana Aranda, luego de revelarse un polémico contrato firmado entre el IMDRI y Leidy Esperanza Galeano Ortiz, esposa del exalcalde Andrés Fabián Hurtado.
Escalada
El contrato 087 de 2024, firmado apenas 53 días después del cambio de gobierno, compromete más de $65 millones de pesos para vincular a Galeano Ortiz como contratista en labores psicosociales. Sin embargo, su celebración violaría abiertamente la Ley 80 de 1993, que prohíbe a los cónyuges de exalcaldes contratar con el municipio en el periodo inmediatamente posterior a su salida del cargo.
La queja fue presentada por el abogado José Baruth Tafur Gutiérrez bajo el número DOKUS E-2025-180399, y ya fue trasladada a la Procuraduría 101 Judicial II Penal de Ibagué, en cabeza de Alba Cristina Morales Lozano.
¿Inhabilitada?
Un oficio fechado el 21 de abril de 2025 confirma el avance de este proceso, que pone bajo la lupa no solo al gerente del IMDRI, Sebastián Perdomo Rondón, sino también a la propia alcaldesa Johana Aranda, señalada de permitir y facilitar la contratación de la esposa de su mentor político.
Andrés Hurtado dejó el cargo el 31 de diciembre de 2023. Menos de dos meses después, su esposa ya firmaba un contrato con la Alcaldía de Ibagué, en una clara violación al artículo 8 de la Ley 80. La contratación no solo expone una irregularidad jurídica: para sectores políticos y ciudadanos, se trata de una muestra de cómo el poder real en la ciudad seguiría siendo manejado desde las sombras por Hurtado, a través de su aliada incondicional, la actual mandataria.
Petición
La denuncia exige la nulidad del contrato, investigaciones disciplinarias y correctivos para evitar que esta práctica de tráfico de influencias y favorecimiento familiar se repita en Ibagué.
Mientras la Procuraduría analiza el caso, crece la presión política y social para que se sancione ejemplarmente a los responsables. De prosperar las investigaciones, las consecuencias podrían escalar hasta los principales despachos del gobierno local.
