La minería ilegal en la Amazonía venezolana está causando una grave crisis ecológica y social, con más de 3,700 puntos de actividad minera identificados en 2022. Impulsada por la demanda global y la crisis económica local, esta actividad está devastando el medio ambiente, provocando deforestación masiva y contaminando ríos con mercurio, y alterando los patrones climáticos. Las comunidades indígenas son especialmente afectadas, siendo desplazadas de sus tierras ancestrales hacia ciudades intermedias como Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar. Este desplazamiento agrava la falta de servicios básicos y precariza aún más las condiciones de vida urbana.
La situación exige políticas globales y cooperación internacional para frenar el avance de la minería ilegal y proteger la biodiversidad y las comunidades de la región. La deforestación y la contaminación de los ríos con mercurio están afectando la salud de las poblaciones locales y la fauna y flora de la Amazonía. Además, la migración forzada hacia las ciudades intermedias está generando una presión adicional sobre los recursos urbanos, exacerbando problemas como la falta de vivienda, empleo y servicios públicos.
Es fundamental que la comunidad internacional se una para abordar esta crisis, implementando medidas que combinen la protección ambiental con el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y locales. La cooperación entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil es esencial para encontrar soluciones sostenibles que garanticen la preservación de la Amazonía y el bienestar de sus habitantes.
