Luego de varias denuncias y visitas de verificación, las autoridades judiciales y penitenciarias ordenaron el traslado inmediato de 22 personas privadas de la libertad desde la carceleta de la URI Laura Valencia en Popayán, debido a las condiciones inadecuadas del lugar.
El espacio, destinado originalmente para detenciones temporales, presentaba serios problemas de hacinamiento, deficiencias en servicios sanitarios y falta de ventilación, lo que ponía en riesgo la salud y la integridad de los internos.
“Esta carceleta no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. No se puede seguir improvisando con la dignidad humana”, advirtió un funcionario de la Defensoría del Pueblo que participó en la inspección.
Los detenidos fueron trasladados hacia centros penitenciarios con mayor capacidad en municipios del departamento, mientras se estudian alternativas estructurales para el manejo del flujo de capturados en la capital caucana.
La situación ha reabierto el debate sobre la crisis carcelaria en Popayán, donde tanto la carceleta de la URI como la Cárcel San Isidro operan en condiciones de sobrepoblación crónica. Organismos de derechos humanos han pedido una respuesta integral que garantice el respeto a los derechos fundamentales de los privados de la libertad.
