Una contundente ofensiva contra el contrabando y la economía informal se llevó a cabo en el centro de Cali, donde fue desmantelado un centro de acopio y distribución de mercancía ilegal que operaba de manera encubierta. El operativo se realizó en un establecimiento ubicado en la Calle 13 con Carrera 10, una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad.
La acción fue liderada por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, en una muestra de trabajo articulado entre entidades para combatir los delitos económicos que afectan la competitividad y la legalidad.
Durante el procedimiento judicial se logró la incautación de más de 68.000 unidades de ropa falsificada, 4.239 pares de calzado de marcas reconocidas, además de una importante cantidad de artículos tecnológicos, electrodomésticos y accesorios, todos con logos alterados o sin documentos de procedencia legal.
La mercancía, que tenía como destino el comercio informal de Cali y otras ciudades del suroccidente colombiano, está avaluada en más de 14.000 millones de pesos, según informaron las autoridades. Este decomiso representa uno de los golpes más importantes de los últimos meses contra las redes de contrabando en la región.
El operativo fue resultado de varios meses de trabajo de inteligencia e inspección por parte de las unidades de control económico, quienes lograron identificar los movimientos sospechosos que se registraban en el inmueble intervenido. La información recopilada permitió la ejecución del allanamiento con orden judicial.
Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía de Cali, recientemente posesionado en el cargo, destacó la importancia de este tipo de intervenciones en el marco del plan de fortalecimiento de la economía legal. “Estamos comprometidos con erradicar estos focos de ilegalidad que atentan contra el comercio formal y la seguridad ciudadana”, aseguró.
Moreno agregó que este tipo de actividades ilícitas afectan gravemente a los comerciantes que cumplen con las normas tributarias y que generan empleo formal. “Estamos enviando un mensaje claro: Cali no será refugio de redes ilegales que socavan la economía local”, señaló el funcionario.
Según la DIAN, los productos decomisados no solo evadían impuestos, sino que también representaban un riesgo para los consumidores, ya que no cumplían con los estándares de calidad ni los requisitos de importación y comercialización establecidos por la ley.
El comandante de la Policía Fiscal en el Valle del Cauca explicó que detrás de estos centros de acopio operan redes organizadas que mueven grandes volúmenes de mercancía de forma clandestina, afectando el recaudo fiscal y fomentando la informalidad. “Estamos detrás de los responsables y no descartamos futuras capturas”, indicó.
Durante el procedimiento también fueron identificadas varias personas que estaban en el lugar y cuya situación jurídica está siendo evaluada por las autoridades judiciales. No se descarta que algunos de ellos estén vinculados directamente a los procesos logísticos de la red ilegal.
La Fiscalía asumió la investigación del caso para determinar los responsables del inmueble y de la operación comercial ilegal. Se adelantarán procesos por delitos relacionados con contrabando, falsificación de marcas, lavado de activos y asociación para delinquir.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de actividades y adquiera sus productos en establecimientos legales. “Cada compra informal alimenta estas estructuras criminales que dañan la ciudad”, puntualizó uno de los investigadores.
Este operativo se suma a una serie de acciones que buscan recuperar el control del centro de Cali, combatir la ilegalidad y garantizar entornos comerciales seguros para empresarios, compradores y residentes.
La administración distrital anunció que continuará fortaleciendo las labores de inspección y control en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de reducir los índices de ilegalidad y proteger el tejido económico formal.
