A través de la resolución 300 del 2024, el presidente Gustavo Petro autorizó la instalación de un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada -antes conocidos como “Los Pachenca” y herederos del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC-. En el documento designan a Óscar Mauricio Silva Osorio como el coordinador de los representantes del Gobierno ante esta organización criminal.
«El Espacio de Conversación Socíojurídico estará dirigido a desarrollar conversaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos sometimiento a la justicia en los términos que permita la Ley y construir en los territorios», dice la resolución firmada por el presidente Gustavo Petro.
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Este será el quinto espacio de conversación sociojurídico -categoría que la ley de ‘paz total’ le da a acercamientos con grupos que no cuentan con reconocimientos político- tras los iniciados con las bandas de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá y del anunciado con el «Clan del Golfo«. Además, será el séptimo proceso de negociación que da inicio en el marco de la política de paz de la administración Petro.
Los acercamientos con las Autodefensas de la Sierra Nevada arrancaron bajo la gestión de Danilo Rueda en la oficina del Comisionado para la Paz. De hecho, en diciembre de 2022 el Gobierno decretó un cese del fuego bilateral con esta organización durante seis meses. Durante los meses posteriores al vencimiento de la tregua, los esfuerzos del entonces comisionado se centraron en adelantar acciones humanitarias en la zona de influencia de este grupo armado con autoridades indígenas, liderazgos campesinos y comunidades de la región.
En enero de este año, voceros de esa organización criminal manifestaron su interés era establecer una mesa de diálogo. En aquel momento, César Gustavo Becerra Gómez, alias ‘Camilo‘, cabecilla de ese grupo, que fue detenido en abril, solicitó un encuentro con el Gobierno; sin embargo, dicho llamado no fue respondido.
Fue justamente en abril, cuando el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, volvió a dar pistas sobre estos acercamientos. “Vamos a hacer un experimento con las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’, hemos empezado unas conversaciones informales con ellos porque pensamos que allí, dado que son una fuerza muy local y que hicieron una manifestación muy expresa de que ellos quieren montar un proceso. Ellos están de acuerdo en que tiene que ser rápido, es decir, no un proceso exprés, pero sí uno rápido”, dijo durante un Consejo Nacional de Paz.
Este eventual espacio de conversación sociojurídico, igual que sucede con el que el Gobierno pretende adelantar con el ‘clan del Golfo’, no cuenta con las herramientas jurídicas para el sometimiento y el desmantelamiento de las Autodefensas de la Sierra Nevada.
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Hay que recordar que en la sentencia C-525 de 2023, la Corte Constitucional avaló la legalidad de la ‘paz total’, pero le puso varios límites. Uno de ellos tiene que ver con la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que dos años después de la llegada de Petro al poder ni siquiera ha sido radicada.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada es una estructura criminal surgida tras la desmovilización de los bloques paramilitares en el Caribe colombiano, entre ellos el Bloque Tayrona al mando de Hernán Giraldo Serna. Hoy, según datos de las autoridades, cuentan más de 230 integrantes entre alzados en armas y redes de apoyo.
