Un nuevo informe de la ONU revela que los casos de violencia sexual en zonas de guerra aumentaron un 25 % en 2024, afectando a más de 4.600 sobrevivientes en múltiples conflictos globales.
Ginebra, 15 de agosto de 2025.
Un reciente informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado un escalofriante aumento del 25 % en los casos de violencia sexual en zonas de conflicto durante 2024, superando los 4.600 sobrevivientes registrados, según anunció la organización el pasado 14 de agosto.
Los países más impactados incluyen la República Centroafricana, la República Democrática del Congo (RDC), Haití, Somalia y Sudán del Sur. En muchos casos, las agresiones fueron perpetradas por grupos armados, aunque también hay implicación de fuerzas estatales —un señalamiento grave que ilustra la complejidad y magnitud de la crisis.
La ONU advierte que estas cifras probablemente subestiman la verdadera dimensión del problema, debido a la reticencia de víctimas y comunidades afectadas a denunciar tales abusos.
El informe identifica a 63 organizaciones —tanto gubernamentales como no estatales— como responsables de este tipo de violencias. Se destaca que milicias, ejércitos y facciones armadas aprovechan la impunidad y entornos violentos para cometer atrocidades sistemáticas contra civiles, incluyendo hombres, mujeres, niños, y ancianos. Se reportaron abusos extremos como violaciones, esclavitud sexual y torturas genitales.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, enfatizó la urgencia de responder de manera contundente y coordinada ante estas violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto. La organización exige mayor protección para las víctimas y sanciones claras para los responsables.
Este alarmante aumento en la violencia sexual en zonas de guerra debe servir como una alerta global. La ONU insta a la comunidad internacional a implementar medidas inmediatas —desde mecanismos de justicia hasta políticas de prevención y apoyo efectivo a las víctimas— para frenar esta crisis humanitaria y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas afectadas.
