Aumento del 7 % a empleados públicos en 2025

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El Gobierno Nacional y las centrales obreras llegaron a un acuerdo histórico sobre el aumento salarial de los trabajadores del sector público para el año 2025. Según lo anunciado por los ministerios de Trabajo y Hacienda, el incremento será del 7 %, compuesto por el 5,2 % correspondiente al IPC de 2024 más un 1,8 % adicional, como parte del esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo de más de 1.250.000 empleados públicos en el país.

El incremento tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2025, por lo que se aplicará de forma retroactiva, cubriendo los primeros cuatro meses del año. Esto significa que los trabajadores recibirán el reajuste acumulado en sus próximos pagos.

Durante el anuncio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que el alza representa un esfuerzo fiscal de 2,1 billones de pesos para el Estado. “Es una inversión en dignidad laboral en medio de un marco fiscal exigente”, declaró.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró que la mesa de negociación haya contado con 40 voceros sindicales de todo el país, e hizo énfasis en que por primera vez se incorporó la perspectiva de género de manera decidida en el proceso.

📚 Aumento especial para docentes

El magisterio colombiano también recibió buenas noticias. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) informó que, en adición al 7 %, se aplicará un incremento del 1,6 % adicional, en cumplimiento del acuerdo de nivelación salarial pactado en 2023. Esto eleva el aumento total para los docentes a un 8,6 % en 2025.

Un maestro que ganaba $2.200.000, por ejemplo, pasará a recibir $2.389.000 este año.

🔍 Proyección para 2026

El Gobierno también definió el criterio de ajuste salarial para 2026: será equivalente al IPC de 2025 más un 1,9 % adicional, por lo que el porcentaje exacto se conocerá a finales de este año. Se estima que esta medida representará un gasto de 2,3 billones de pesos.

Las centrales sindicales celebraron el acuerdo como un paso positivo en la reivindicación de los derechos laborales, mientras que el Gobierno lo calificó como una señal de concertación y compromiso con los trabajadores del Estado.


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