La Contraloría General de Colombia ha emitido una nueva alerta sobre una posible crisis en los servicios públicos del país, que afectaría especialmente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Según la entidad, la deuda acumulada por concepto de subsidios y opción tarifaria superó los $7 billones al cierre de 2024, lo que podría derivar en aumentos significativos en las facturas de servicios públicos.
Deuda acumulada y sus implicaciones
El organismo de control ha destacado que esta deuda incluye $2,7 billones en subsidios para energía eléctrica, $3,3 billones en opción tarifaria, $1 billón relacionado con usuarios oficiales y $628.000 millones en gas natural. Esta cifra representa el 60% de los recursos necesarios anuales para garantizar la estabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio. Si no se resuelve esta crisis, las empresas podrían verse obligadas a eliminar los subsidios, lo que provocaría un incremento en las tarifas.
Por ejemplo, si una familia de estrato bajo actualmente paga $30.000 por el servicio de gas con subsidio, sin este apoyo, el costo podría ascender a $58.000, lo que supone un impacto significativo para los hogares más vulnerables.
Fallas en los esquemas de subsidios
La Contraloría también ha señalado deficiencias graves en los esquemas de subsidios para servicios de electricidad, gas por redes y gas en cilindros (GLP). El organismo ha insistido en que es urgente que el Gobierno Nacional priorice los giros de subsidios y cumpla con sus obligaciones hacia las empresas comercializadoras para evitar que esta deuda se siga acumulando.
Ausencia de un mecanismo para cubrir la deuda
Uno de los mayores puntos de preocupación es la falta de un mecanismo claro para cubrir la deuda de $3 billones de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 con las empresas prestadoras de servicios. A pesar de que el Proyecto de Ley de Financiamiento 2024 buscaba reconocer estas obligaciones como deuda pública, el archivo del proyecto ha dejado al sector sin una solución viable. Esto podría hacer que las empresas trasladen los costos a los usuarios, lo que agravaría aún más la crisis financiera.
Medidas y soluciones urgentes
El Contralor ha convocado a mesas de trabajo con los ministros de Minas y Energía, Hacienda y la Procuraduría General de la Nación, así como con los gremios del sector energético, con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas que permitan garantizar la prestación de estos servicios esenciales. El sector público y privado se enfrentan a la posibilidad de una inseguridad energética, lo que afectaría la confianza de los inversionistas y tendría repercusiones en toda la economía.
El aumento de tarifas de servicios públicos es una preocupación creciente para los colombianos de estratos bajos. La Contraloría ha resaltado que se necesita una solución urgente y efectiva para evitar que las deudas continúen afectando la estabilidad financiera del sector y los bolsillos de los usuarios más vulnerables. En este sentido, se espera que el Gobierno tome medidas para garantizar que los subsidios sigan llegando a quienes más lo necesitan y evitar que los costos se trasladen a las familias más afectadas.
