La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de aumentar la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ha reavivado el debate sobre la política estadounidense hacia Venezuela, y ha puesto en evidencia lo que muchos críticos consideran un doble rasero en su enfoque hacia los gobiernos latinoamericanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos incrementó la recompensa de hasta $15 millones, ofreciendo una suma aún mayor por detalles que ayuden a ubicar a Maduro, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos en su país. Esta medida, que forma parte de los esfuerzos de Washington para presionar al régimen venezolano, ha sido vista por algunos como un acto de justicia para llevar a Maduro ante la justicia internacional, mientras que otros la interpretan como una nueva intensificación de la política de injerencia y un reflejo de la doble moral estadounidense.
Si bien las autoridades estadounidenses argumentan que Maduro debe rendir cuentas por su presunta implicación en actividades ilegales y su manejo autoritario de Venezuela, la decisión también ha desatado críticas por lo que se percibe como una aplicación selectiva de la justicia. En particular, analistas políticos han señalado que Estados Unidos ha adoptado una postura más flexible o incluso permisiva hacia otros líderes latinoamericanos acusados de violaciones similares, generando una paradoja en su postura ante la región.