Creciente preocupación: la comunidad de Jamundí y Villa Rica denuncia un alarmante aumento de la minería ilegal en la cuenca del Río Cauca. Esta actividad afecta gravemente el ecosistema local. También pone en riesgo a defensores del medio ambiente y líderes sociales que intentan detener estos actos.
Comienzos
Desde enero de 2025, autoridades y habitantes de Jamundí y Villa Rica reportan dragas ilegales en los sectores de Cabezón y Chirringo. Inicialmente, se identificaron cuatro dragas, pero en pocos días el número aumentó a 15, evidenciando la falta de control. La extracción ilegal de oro daña el cauce del río. Además, contamina las aguas con mercurio, un veneno tóxico que afecta la salud humana y la fauna acuática.
Tristeza
Esta actividad ha generado un impacto devastador en el medio ambiente. El uso de maquinaria pesada altera el flujo natural del río, destruyendo su lecho y ecosistemas fundamentales. La contaminación por mercurio está afectando las especies del río. Esto pone en riesgo la biodiversidad y la seguridad alimentaria de comunidades locales que dependen del río para su sustento.
Amenazas
Un aspecto preocupante es la creciente amenaza hacia líderes sociales y defensores del territorio. Estas personas que luchan por la protección del medio ambiente enfrentan intimidaciones, amenazas y ataques. Aunque algunos alzan la voz para alertar sobre el daño causado, el miedo a represalias los obliga a guardar silencio. Temen por su vida y la seguridad de sus familias debido a la violencia asociada a estas actividades. Grupos armados ilegales que se benefician de la minería ilegal aumentan el riesgo en la región.
Autoridades
La comunidad pide acciones urgentes a las autoridades ambientales, especialmente a la CRC, y a los gobiernos de Villa Rica y Jamundí. Es fundamental detener esta actividad ilegal y proteger el Río Cauca. Declarado Sujeto de Derechos en 2019, el río es un bien común que debe ser salvaguardado. Su importancia como recurso natural y patrimonio ambiental es vital para la región. Las autoridades deben intensificar las acciones para desmantelar las dragas y frenar la extracción ilegal. Además, es crucial garantizar la protección de líderes sociales y defensores del territorio. Solo con una respuesta coordinada de autoridades ambientales, locales y nacionales se protegerá el río y la seguridad de las comunidades. El tiempo para actuar es ahora.
