El uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos se ha intensificado en Colombia: según registros oficiales, entre el 26 de abril de 2024 y el 1.º de noviembre de 2025 se contabilizaron 367 ataques con drones. El promedio mensual pasó de 14,8 incidentes en el periodo final de 2024 a 24,8 por mes en lo que va de 2025, una escalada que preocupa a las autoridades y a las comunidades afectadas.
Los episodios más recientes documentados ocurrieron a finales de octubre: el 29 de octubre, disidencias de las Farc vinculadas a alias Iván Mordisco atacaron con varios drones las instalaciones militares cercanas a la escuela rural Bello Horizonte, en el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca); uno de los artefactos cayó dentro de un aula y dejó cinco menores heridos. Dos días después, el 31 de octubre, el frente ‘Jaime Martínez’, también de las disidencias, atacó una estación de Policía en Jamundí (Valle del Cauca) con la misma modalidad; en ese evento no hubo muertos ni lesionados.
Balance general y víctimas
En un seguimiento de 555 días, las fuerzas armadas registraron el lanzamiento de 833 granadas mediante drones, con afectaciones reportadas en diez departamentos, siendo Cauca, Nariño y Antioquia los más impactados. Las autoridades consignaron 271 afectaciones directas en el periodo analizado. En cuanto a víctimas fatales y heridos, los informes señalan que en ese lapso murieron 16 soldados, 3 civiles y 2 policías; resultaron heridos 193 militares, 40 civiles y 28 policías.
Comparativa 2024–2025
Durante la fase inicial del registro (finales de abril a diciembre de 2024) se contabilizaron 119 ataques (promedio 14,8/mes). En 2025 la cifra subió a 248 ataques (24,8/mes). En términos de lesionados por año, en 2024 se registraron 28 civiles heridos y 31 militares lesionados; en 2025 las cifras muestran un aumento en militares afectados (152 militares), además de 16 civiles heridos, y dos policías fallecidos junto con 21 policías heridos.
Reporte por ramas y zonas de acción
La distribución de notificaciones por entidad mostró diferencias año contra año: en 2024 el Ejército reportó 104 ataques, la Policía 11, la Armada 1 y las Fuerzas Militares 3. En 2025 los reportes oficiales señalan 188 eventos para el Ejército, 49 para la Policía, 10 para la Armada y al menos un ataque dirigido contra población civil. A nivel territorial, la Tercera División del Ejército, que opera en el suroccidente, concentra la mayor parte de los episodios —con cifras que las fuentes sitúan en torno a 238 eventos en ciertos cortes—; le siguen la Segunda División (región de Catatumbo) y la Primera División (Caribe), mientras que en menor medida se han reportado hechos en Meta, Caquetá, Córdoba y Casanare.
Actores, tácticas y capacidad tecnológica
Las autoridades atribuyen la mayor frecuencia de estos ataques a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Cauca; el ELN aparece activo en Catatumbo y el sur de Bolívar; también se han detectado acciones atribuibles a disidencias de ‘Calarcá’ y al clan del Golfo. La modalidad delictiva combina drones comerciales —principalmente modelos DJI, como las series Matrice 300/350 y el Mavic 3— con diseños artesanales adaptados para transportar explosivos. La capacidad de carga varía: desde 250–300 gramos en Mavic 3 hasta 1–2 kilos en las plataformas Matrice, lo que permite el lanzamiento de granadas o cargas improvisadas.
Medidas de control y resultados operativos
Frente al aumento, el Ministerio de Defensa ofreció recompensas de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita desmantelar redes que operen o comercialicen drones con fines criminales. Además, el 3 de noviembre las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, en coordinación con Policía y Fiscalía, informaron la muerte de alias Gerson o ‘Henry’, señalado operador de drones y explosivista del frente ‘Carlos Armando Cacua Guerrero’ del ELN, presunto responsable de ataques con víctimas militares en 2024.
Riesgos y desafíos futuros
Las autoridades militares han advertido que la convergencia entre plataformas comerciales y adaptaciones caseras multiplica las capacidades ofensivas de los grupos armados y exige nuevas estrategias de defensa: detección temprana, contramedidas electrónicas, controles sobre la comercialización de equipos y acciones de inteligencia para desarticular redes logísticas. La concentración de los ataques en zonas rurales, donde grupos ilegales buscan afectar puestos de la Fuerza Pública y generar controles territoriales, plantea además retos para la protección de comunidades y la seguridad de infraestructura crítica.
En síntesis, los registros cuantifican una tendencia al alza en el uso de drones armados en Colombia, con impacto creciente sobre personal militar y civiles, y con una respuesta estatal que combina medidas de recompensa, operativos contra integrantes clave y la búsqueda de soluciones tecnológicas y de inteligencia para mitigar la amenaza.
