La Contraloría General de la República ha emitido una seria advertencia tras detectar un incremento inusitado en la contratación estatal justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales. Según su monitoreo, en la primera semana de noviembre de 2025 se comprometieron 9,0 billones de pesos en convenios y contratos interadministrativos.
Contexto y hallazgos principales
- Fecha clave
El 7 de noviembre de 2025, justo antes de que comenzaran las restricciones electorales establecidas por la Ley de Garantías, se suscribieron contratos por 6,1 billones de pesos, lo que representa el 68 % del total de contratación de esa semana. - Magnitud del incremento
Esa cifra de 6,1 billones en un solo día equivale a 2,9 veces el promedio mensual de contratación que se registraba entre enero y agosto de 2025, que era de 2,1 billones, lo que implica un aumento del 190 % frente al comportamiento histórico previo. - Entidades más involucradas
La Contraloría identificó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue uno de los grandes protagonistas de esa ola de contratación: comprometió 770.000 millones de pesos, lo que equivale al 8,5 % del total detectado en ese repunte. - Monitoreo preventivo
Este seguimiento no es fortuito. La Contraloría implementó un Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo (DIARI) para vigilar la contratación pública en periodo electoral, integrando datos de SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA), sistemas presupuestales del DNP y del Ministerio de Hacienda. - Advertencias por trasfondo electoral
La Contraloría advierte que este comportamiento puede favorecer un uso político de los recursos públicos. Según analistas y algunos congresistas, esta “maratón de contratación” justo antes de las restricciones electorales podría ser una forma de utilizar recursos del Estado con fines políticos. - Llamado a la rendición de cuentas
Congresistas como la representante Katherine Miranda han pedido investigación. Ella asegura que en menos de 24 horas se firmaron más de 1,5 billones en contratos presuntamente acelerados. La Contraloría, por su parte, ya ha emitido su “primera alerta” pública. - Picos previos identificados
Además, la Contraloría señala que ya había observado incrementos elevados en septiembre y octubre: por ejemplo, en septiembre se comprometieron alrededor de 4 billones, y en octubre otros 3,5 billones en contratos interadministrativos, antes de la entrada en vigor de la restricción por la Ley de Garantías. - Riesgo de transparencia y confianza pública
El escrutinio se intensifica porque existe el riesgo de que estos contratos preelectorales sean percibidos como una forma de “maquinaria política”: los denunciantes argumentan que no se trata solo de eficiencia administrativa, sino de un uso estratégico del gasto público justo antes de que entre en vigencia una norma que limita la contratación estatal.
Implicaciones y posibles consecuencias
- Fiscalización reforzada: La Contraloría ha empezado a ejercer vigilancia más estricta desde el 8 de noviembre, con el fin de evitar que se firmen nuevos convenios interadministrativos durante el periodo electoral, ya que esta modalidad estará restringida.
- Reputación del gobierno: Este episodio representa un golpe reputacional para la administración del presidente Gustavo Petro, pues alimenta críticas de uso indebido de recursos públicos para fines electorales.
- Investigaciones posibles: Las denuncias podrían desencadenar indagaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y otros órganos de control, especialmente si se demuestra que hubo adjudicaciones irregulares o favoritismo.
- Debate legislativo: Esta alerta vuelve a poner en el centro del debate público la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005), su efectividad para prevenir el clientelismo y cómo los gobiernos intentan sortearla justo antes de su activación.
