Además de los 21 miliares, la JEP también citó a la diligencia judicial a 1 funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y a 2 civiles, todos imputados por 303 casos de ‘falsos positivos’ en 218 eventos ocurridos en Boyacá, Casanare, Arauca y Meta.
Según la Jurisdicción los 22 máximos responsables y 2 partícipes no determinantes deberán pasar del reconocimiento escrito que ya entregaron a la magistratura de la JEP, a un reconocimiento público de las atrocidades ante la justicia, las víctimas y la sociedad en general.
De otro lado, a la fecha en la ciudad de Tunja residen más de 4.000 víctimas del conflicto armado. De acuerdo con personería, la gran mayoría llega con sus familias provenientes de otros lugares del país como por ejemplo Arauca, Norte de Santander, del sur del Colombia, e inclusive de del norte, occidente y de la provincia de la libertad de Boyacá, en donde hace algunas décadas se registró una amplia presencia de grupos armados ilegales.
En promedio la Personería de Tunja a cargo de Andrés Villabona recibe una o dos declaraciones semanales de familias desplazadas, de personas que han tenido que dejar sus tierras o de líderes sociales amenazados.
«Las personerías somos el primer receptor de las víctimas del conflicto: se reciben las declaraciones, se tramitan a través de la Unidad para la Atención a las Víctimas y obviamente las Alcaldías tienen una protección inicial especial y ya después la Unidad para las Víctimas tiene una obligación de reparar e indemnizar administrativamente a estas personas. Sin embargo, actualmente hay muchas víctimas reconocidas en el país a la espera de que les llegue su indemnización», señaló Andrés Villabona, personero de Tunja.
