La situación en el departamento de La Guajira continúa siendo crítica, especialmente en las comunidades indígenas wayuu, donde la crisis humanitaria persiste y se manifiesta en la trágica pérdida de cinco menores que estaban afiliados a EPS y participaban en programas del ICBF.
Los lamentables fallecimientos ocurrieron en diversas comunidades, incluyendo ‘Ishipana‘ y ‘Jonjocito’ en Uribia, ‘Urraichirrapa‘ y ‘Cousharshon’ en Manaure, así como en la comunidad ‘Jaturruy’ en Maicao, donde perdió la vida una niña de tres años. Estos municipios son particularmente relevantes, ya que están afectados por la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el ‘Estado de Cosas Inconstitucionales’.
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Líderes wayuu han alzado su voz para denunciar estos deplorables incidentes y expresar su frustración ante la falta de atención a sus solicitudes. Una madre wayuu, Casilda Pushaina, ha revelado que ha buscado la atención médica para los niños afectados acudiendo a las EPS, pero lamentablemente no ha recibido respuesta. Su denuncia pone de manifiesto la negligencia tanto de los hospitales como de las EPS, a pesar de las solicitudes desesperadas de la comunidad para abordar la crítica situación de desnutrición y garantizar la atención médica necesaria. Este trágico episodio subraya la urgencia de abordar de manera efectiva la crisis humanitaria en La Guajira, especialmente en las comunidades indígenas wayuu, donde la desnutrición sigue cobrando la vida de niños menores de cinco años.
¿Qué pasa con las entidades?
A pesar de la gravedad de la crisis, tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se han abstenido de emitir declaración alguna falta de pronunciamiento por parte de las autoridades competentes genera preocupación y cuestionamientos sobre la gestión de la crisis humanitaria en la región.
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