Iniciará auditorías fiscales en Boyacá, prometiendo control y transparencia, aunque su ejecución rápida genera dudas sobre la profundidad y efectividad en la lucha contra la corrupción
Desde el 30 de enero, los alcaldes de varios municipios de Boyacá estarán bajo la lupa del contralor Juan Pablo Camargo, quien emprenderá una serie de auditorías fiscales a la vigencia 2024. En teoría, se tratará de un ejercicio de control y transparencia, pero en la práctica, esta estrategia parecerá más un espectáculo político que una verdadera fiscalización efectiva.Muchas auditorías terminarán siendo procedimientos burocráticos sin mayores consecuencias. Se presentarán informes, se revisarán documentos y se realizarán visitas de obra, pero pocos casos terminarán en sanciones o en la recuperación de recursos mal gestionados.
Estas auditorías serán más un trámite protocolario que un mecanismo eficaz de control. Sin un seguimiento riguroso y sanciones ejemplares, el esfuerzo de Juan Pablo Camargo será insuficiente para garantizar una verdadera rendición de cuentas.El cronograma del contralor Juan Pablo Camargo generará dudas sobre la profundidad de estas auditorías. La revisión exhaustiva en pocas horas por municipio limitará la calidad del proceso. En Duitama, por ejemplo, la auditoría se instalará a las 8:00 a.m. y tres horas después ya se estará en Paipa, para luego trasladarse a Siachoque en la tarde. Un control detallado requiere tiempos adecuados para evaluar con rigor, pues la falta de tiempo puede derivar en omisiones importantes o en revisiones superficiales que no logren identificar las verdaderas irregularidades.
Al finalizar estas auditorías, el impacto dependerá de las acciones que se tomen. Sin sanciones reales, todo quedará en observaciones sin efectos concretos. Si la Contraloría busca resultados efectivos, será necesario un compromiso real con la transparencia, auditorías profundas y sanciones ejemplares.
Además, será fundamental que las recomendaciones derivadas de estos procesos se implementen en la gestión pública, asegurando que se corrijan las fallas detectadas y se eviten futuras irregularidades.La ciudadanía espera que estas auditorías no sean simplemente una estrategia de imagen, sino una herramienta efectiva para combatir la corrupción y mejorar la administración pública en Boyacá.
La falta de medidas contundentes en el pasado ha generado desconfianza en los entes de control, y este proceso representa una oportunidad para demostrar que el control fiscal puede ir más allá de los formalismos y generar cambios reales en la gestión de los recursos públicos.El éxito de estas auditorías dependerá no solo de la rigurosidad con la que se realicen, sino también de la voluntad política para aplicar sanciones y corregir los errores encontrados. Si Juan Pablo Camargo realmente desea marcar una diferencia, deberá ir más allá de las formalidades y garantizar que su labor tenga un efecto real en la gestión pública. De lo contrario, este proceso quedará relegado a una simple puesta en escena sin consecuencias significativas para la administración de los recursos públicos.
