Un informe de la Contraloría General de la República expuso graves anomalías en la Unidad de Salud de Ibagué (USI), meses antes de la intervención de la Supersalud.
La auditoría revisó $844.794 millones y halló presunto daño fiscal por $237.161 millones en contratos del Plan de Intervenciones Colectivas. El documento golpeó directamente la administración de ANDRÉS HURTADO en IBAGUÉ, señalando fallas estructurales, pagos indebidos y deficiencias administrativas.
La CGR ordenó el traslado disciplinario, dejando responsabilidades bajo análisis judicial y posibles sanciones.
