James Mauricio Pedraza fue enviado a prisión por presunta participación en un millonario robo.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra James Mauricio Pedraza Durán, señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los presuntos responsables del robo de 70 millones de pesos cometido en una estación de servicio de Ibagué. El caso, que generó gran impacto por la forma en la que actuaron los delincuentes, comenzó a esclarecerse tras varios meses de investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía Nacional, que finalmente lograron ubicar y capturar al procesado en la ciudad de Bogotá.
Según el material probatorio recopilado por los investigadores, Pedraza Durán habría participado junto a otro hombre en el asalto perpetrado el 30 de marzo de 2024, cuando ambos ingresaron hasta la oficina administrativa del establecimiento aprovechando el momento en que la encargada contaba el dinero correspondiente al producido.
Investigación
De acuerdo con la investigación del ente acusador, los presuntos responsables intimidaron a la empleada y posteriormente la amordazaron y la amarraron a una silla para impedir que pidiera ayuda mientras se apoderaban del dinero que permanecía sobre el escritorio. Una vez obtuvieron el millonario botín, los delincuentes escaparon del lugar movilizándose en motocicletas de alto cilindraje, lo que dificultó inicialmente su ubicación por parte de las autoridades.
Desde ese momento, unidades judiciales comenzaron la recopilación de testimonios, videos de cámaras de seguridad y demás elementos materiales probatorios que permitieran establecer la identidad de los involucrados y reconstruir la ruta utilizada para huir. Tras varios meses de labores investigativas, la Policía Nacional logró hacer efectiva la orden de captura contra James Mauricio Pedraza Durán en Bogotá, donde fue puesto a disposición de la autoridad competente.
Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Tolima le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Durante las audiencias preliminares, el procesado decidió no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía. Pese a ello, el juez de control de garantías consideró que existían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras continúa el proceso judicial.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la posible participación de otras personas en este millonario robo y avanzar en el esclarecimiento total de los hechos que afectaron a la estación de servicio de la capital tolimense.
