En medio del deterioro del orden público que afecta al suroccidente de Colombia, Jessica Bonilla Usman, administradora y madre residente en Cali, denunció públicamente el incremento del accionar de grupos armados ilegales que han intensificado su presencia en zonas urbanas y rurales del Valle del Cauca.
Bonilla señaló cómo estas estructuras ilegales, autodenominadas disidencias de las FARC, han amenazado y perseguido a líderes sociales, generando miedo y desplazamiento en distintas comunidades.Según el testimonio de Bonilla, los esposos Jaime Alberto Álvarez y Lilian Patricia Almonacid, reconocidos activistas de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Chocho, en Yumbo, fueron declarados objetivos militares tras denunciar prácticas ilegales como el reclutamiento forzado y el control territorial en esa región. Su caso se suma a una serie de hechos que reflejan la creciente vulnerabilidad de los líderes sociales frente al avance de estos grupos armados.La situación ha generado un profundo temor en barrios populares de Cali, como Los Lagos y Meléndez. Bonilla relató que, el pasado 5 de junio, fue testigo en Meléndez de cómo hombres armados leyeron una lista de personas declaradas como enemigos por parte del grupo armado, entre los que se encontraban Álvarez y Almonacid. Afirmó que decidió huir del lugar ante el temor de ser vinculada o atacada.
El hecho más alarmante ocurrió el 18 de mayo, cuando un ataque con explosivos dirigido a la Policía en el barrio Los Lagos dejó a varios niños y niñas heridos, evidenciando el nivel de riesgo que enfrentan incluso los más vulnerables. Estos actos violentos reflejan el poder de intimidación que han ganado estas organizaciones en zonas urbanas, tradicionalmente consideradas más seguras.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el aumento de desplazamientos forzados y amenazas sistemáticas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.Bonilla hizo un llamado al Estado para que se garantice la protección de quienes denuncian y se enfrentan al poder de los actores armados ilegales.
Afirmó que la indiferencia institucional y la falta de acciones contundentes han permitido la expansión del miedo y la impunidad. La situación, según organizaciones sociales, podría desembocar en una crisis humanitaria de gran magnitud si no se adoptan medidas urgentes.
