Colombia atraviesa nuevamente una etapa dolorosa en materia de seguridad, marcada por el aumento de atentados terroristas en varias regiones del país. Sin embargo, es importante ir más allá de la percepción inmediata y comprender el trasfondo de esta situación: lo que estamos viendo no es un fortalecimiento de los grupos criminales, sino una reacción violenta frente a los golpes contundentes que el Estado les ha propinado en los últimos meses.
El informe oficial del Ministerio de Defensa Nacional es claro. Entre enero y julio de 2025 se intensificaron las operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y las finanzas de estas estructuras. Solo en lo corrido del año, las incautaciones de cocaína, principalmente con destino a Estados Unidos, se han vuelto prácticamente diarias, afectando de manera significativa los ingresos de los carteles y sus redes de apoyo.
Las cifras hablan por sí solas. En este periodo, los ataques contra la fuerza pública aumentaron en un 50 % respecto al mismo lapso de 2024. Es decir, las organizaciones ilegales no se expanden, sino que reaccionan con violencia al verse debilitadas. La ofensiva estatal ha logrado afectar sus rutas, reducir sus rentas y limitar su capacidad operativa, pero la respuesta inmediata de los criminales es sembrar miedo en la población.
Lo verdaderamente preocupante es cómo ciertos sectores políticos aprovechan esta situación para instrumentalizar el dolor del país y convertirlo en una bandera electoral. Bajo el viejo eslogan de la “seguridad democrática”, pretenden presentar estos atentados como muestra de debilidad institucional, cuando en realidad los datos demuestran que son la consecuencia de una política firme que ha golpeado las entrañas financieras del crimen organizado.
Colombia necesita un debate serio y responsable sobre seguridad, uno que se fundamente en cifras, informes oficiales y realidades verificables, no en narrativas electorales construidas sobre el sufrimiento de las víctimas. La violencia que vivimos es inaceptable y debe ser rechazada sin ambigüedades, pero también debe ser entendida en su contexto: es la reacción de organizaciones criminales que se saben acorraladas por la acción del Estado.
En medio de este panorama, lo que corresponde es respaldar la ofensiva contra el narcotráfico y la minería ilegal, exigir mayor coordinación institucional y cerrar la puerta al uso politiquero de la tragedia. Porque si algo merece Colombia es claridad, respeto y verdad frente a su realidad de seguridad.
