El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió a Estados Unidos realizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los recientes ataques militares en el Caribe y el Pacífico, los cuales podrían constituir violaciones graves al derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales.
Durante una declaración en Ginebra, Türk expresó su profunda preocupación por las acciones militares estadounidenses ordenadas bajo el argumento de combatir el narcotráfico, señalando que existen “fuertes indicios de que se trató de ejecuciones extrajudiciales”. En sus palabras, la falta de evidencia que justifique el uso de la fuerza letal y la ausencia de transparencia sobre las víctimas y las circunstancias de los ataques “plantean serias dudas sobre su legalidad”.
Según datos confirmados por organismos internacionales y medios regionales, al menos 62 personas han muerto en las últimas semanas como consecuencia de bombardeos lanzados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles. Washington sostiene que los objetivos estaban vinculados a redes del narcotráfico, pero no ha presentado pruebas concretas que sustenten tales acusaciones.
Diversos testimonios de familiares y organizaciones de derechos humanos contradicen la versión oficial, señalando que varias de las víctimas eran pescadores artesanales, sin relación con actividades ilegales. Este hecho ha desatado indignación y preocupación en los países del Caribe y América Latina, especialmente por el carácter extraterritorial y unilateral de las operaciones.
Türk fue enfático en su llamado: “Pido al gobierno estadounidense que investigue. ¿Se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? Hay fuertes indicios de que lo son.” También subrayó que los ataques no parecen responder a una amenaza inminente, como lo exigirían las normas del derecho internacional humanitario. “Estos ataques, con su creciente costo humano, son inaceptables”, añadió.
El Alto Comisionado solicitó que cada caso sea examinado con independencia y celeridad, destacando que las muertes ocurrieron “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional”. Además, insistió en la necesidad de detener inmediatamente las operaciones militares que puedan poner en riesgo a civiles en aguas internacionales o territoriales de otros países.
Caso emblemático en Colombia: pescador desaparecido en Santa Marta
Uno de los episodios que ha despertado mayor atención involucra a una embarcación colombiana atacada frente a la costa de Santa Marta. Según denuncias recogidas por RTVC Noticias, Alejandro Carranza, pescador artesanal de 40 años, sería una de las víctimas del bombardeo ejecutado por la marina estadounidense.
Familiares relataron que Carranza se encontraba reparando los motores de su lancha, que había quedado a la deriva por fallas mecánicas, cuando ocurrió el ataque. “Él estaba ahí revisando los motores varados y los bombardearon de esa manera. Es injusto”, declaró su familiar Audenis Manjarrés. Imágenes registradas por medios colombianos muestran que uno de los motores estaba levantado y el otro sumergido, confirmando que la nave no tenía capacidad de maniobra en el momento del bombardeo.
“Él se despidió un domingo a las 5:00 a.m., como todos los pescadores de la zona. Ahora no sabemos nada de él”, agregó Manjarrés, entre lágrimas. El caso ha provocado conmoción en la comunidad pesquera de Santa Marta, donde los habitantes reclaman justicia y exigen que el gobierno colombiano se pronuncie ante Washington y la ONU.
Preocupación internacional y contexto político
El llamado del Alto Comisionado se suma a las crecientes críticas internacionales hacia las operaciones ordenadas por la administración de Donald Trump, que han incluido ataques aéreos en zonas marítimas cercanas a Venezuela, Colombia y Ecuador. Diversos gobiernos latinoamericanos y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de una escalada militar en la región bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”.
En este contexto, la ONU reiteró la obligación de los Estados de respetar los principios de proporcionalidad, distinción y necesidad en el uso de la fuerza, así como el deber de proteger a la población civil en tiempos de paz.
Volker Türk concluyó su declaración advirtiendo que, de confirmarse los indicios, Estados Unidos podría estar incurriendo en violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo cual ameritaría una revisión por parte de instancias internacionales competentes.
