El Ejército Nacional de Colombia confirmó la liberación de dos soldados que habían sido retenidos el 3 de noviembre de 2025 en la vereda Getsemaní, municipio de La Macarena (Meta), durante una operación conjunta con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los uniformados fueron capturados por una multitud de aproximadamente 400 personas, que, según las autoridades, habrían sido coaccionadas por las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá.
De acuerdo con el reporte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la comunidad actuó bajo presión e intimidación de este grupo armado ilegal, que opera en la región del sur del Meta y mantiene control sobre corredores estratégicos de movilidad y narcotráfico. En medio del incidente, cuatro militares fueron inicialmente retenidos por la multitud. Posteriormente, uno de los oficiales y un soldado fueron liberados pocas horas después, mientras que dos permanecieron en poder de los captores hasta la mañana siguiente.
Los soldados Edgar Mina y Ángeles González, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, fueron obligados a despojarse de sus uniformes y vestir de civil antes de ser trasladados a un lugar desconocido, lo que generó gran preocupación en el Comando General de las Fuerzas Militares por su integridad física y emocional.
Tras intensas gestiones humanitarias y de mediación comunitaria, los dos soldados fueron liberados sin mayores incidentes y trasladados de inmediato a un centro médico militar, donde recibieron atención médica y psicológica. Según el parte oficial, ambos se encuentran en buen estado de salud y fueron reincorporados a la unidad bajo acompañamiento especializado.
El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la estabilidad y el control institucional del territorio, asegurando que continuará desarrollando operaciones de seguridad y judicialización contra las estructuras armadas que amenazan la tranquilidad en el Meta y otras regiones del sur del país. Asimismo, el comando rechazó cualquier acción que vulnere los derechos humanos o las normas del derecho internacional humanitario (DIH), enfatizando que los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, encargado de observar el cumplimiento de los compromisos de paz y las condiciones de seguridad en los territorios.
La retención de los militares ocurre en un contexto de tensión creciente en el sur del Meta, donde las disidencias de las FARC continúan ejerciendo control social mediante amenazas y coerción a las comunidades rurales. El caso de los soldados Mina y González ha reavivado el debate sobre la presencia estatal en zonas de posconflicto y la necesidad de reforzar la seguridad y la confianza institucional en regiones donde la población civil sigue expuesta a la presión de actores armados ilegales.
Con la recuperación segura de los uniformados, las Fuerzas Militares han reafirmado su determinación de mantener la soberanía y el orden público, al tiempo que hacen un llamado a la población a no dejarse instrumentalizar por los grupos ilegales que buscan desestabilizar los esfuerzos de paz y desarrollo en el país.