Este 21 de octubre se conoció por parte de la Procuraduría General de la Nación, la apertura a diferentes indagaciones contra funcionarios de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) esto debido a las posibles irregularidades en la destinación de los recursos de la salud, tras un informe de la Contraloría General que revela hallazgos sobre su manejo durante 2020.
De igual forma, se conoció por parte de la entidad que las actuaciones disciplinarias a través la delegada para la Economía y la Hacienda Pública, para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC y las Unidades de Pago por Capitación (UPC).
Cabe destacar que la actuación disciplinaria de la Procuraduría busca encontrar e individualizar los posibles responsables, así mismo, indagar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
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¿Por qué la Procuraduría inició está investigación?
Por lo cual, se conoció que el informe de la Contraloría fue dado a conocer a principios de agosto y expuso hallazgos fiscales por $6 billones en 24 aseguradoras por “presunta indebida destinación” de los recursos de la UPC en 2020 y por $5,3 billones cuya incidencia fiscal fue objeto de indagación preliminar.
Hecho que generó que a partir de la información y estados financieros de las aseguradoras, “se identificaron excedentes operacionales por valor de $6,81 billones para el año 2020, $3,68 billones para el año 2021 y $1,08 billones para la vigencia 2022”. Por lo cual, la Procuraduría General de la Nación, está realizando está investigación para determinar esto de la manera más pronta.
Con información del Colombiano
