La Procuraduría General de la Nación ratificó la destitución e inhabilidad de Leonardo Donoso Ruiz por irregularidades en la licitación del alumbrado público durante su administración 2016-2019.
La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves, 12 de septiembre de 2024, que en fallo de segunda instancia confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años contra Leonardo Donoso Ruiz, exalcalde de Chía. La sanción se relaciona con irregularidades cometidas durante el proceso licitatorio para el servicio de alumbrado público en su periodo como alcalde de dicho municipio de Cundinamarca entre 2016 y 2019.
Irregularidades en la contratación
Según el fallo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular determinó que Donoso participó en las etapas precontractual y contractual, pero omitió garantizar, controlar y verificar que los documentos cumplieran con los principios legales establecidos.
La Procuraduría señaló que Donoso aprobó los documentos de análisis sectorial y los estudios previos, incluyendo los requisitos financieros, pero con falencias y en contravía de las normativas vigentes, incorporándolos posteriormente al pliego de condiciones.
Quebrantamiento de principios legales
El órgano de control encontró probado que Donoso Ruíz violó los principios de economía, planeación, responsabilidad, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación estatal, obligaciones inherentes a su rol como ordenador del gasto. En consecuencia, la Procuraduría consideró que Donoso cometió una falta gravísima a título de culpa gravísima.
Destitución del exsecretario de Obras
En el mismo fallo, la Procuraduría destituyó por el mismo periodo a Jorge Wilmar Torres Porras, exsecretario de Obras en 2018. Torres aprobó los documentos precontractuales sin cumplir los requisitos financieros requeridos y validó estudios previos con limitaciones, restringiendo así la participación de otras empresas.
De forma definitiva, el Ministerio Público declaró disciplinariamente responsables a Donoso y Torres, calificando sus faltas como gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Esta decisión subraya la importancia de adherirse estrictamente a los principios legales en los procesos de contratación estatal para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
