La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una seria advertencia durante una entrevista con SEMANA al referirse a una supuesta “alianza institucional” que podría estarse gestando entre la fuerza pública y el frente 33 de las disidencias de las Farc en la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander.
Según la información disponible, se estaría contemplando establecer una zona de ubicación temporal donde llegarían miembros armados de ese grupo ilegal como parte de un proceso de transición hacia la legalidad. La preocupación radica en que la fuerza pública tendría la tarea de custodiar ese espacio, pese a que los disidentes conservarían su armamento y continuarían en confrontación directa con el ELN, todo esto en una zona habitada por población civil.
“No hay condiciones de seguridad reales. La fuerza pública tendría que proteger a un grupo armado que no se ha desmovilizado y que sigue enfrentado a otro grupo ilegal. Eso, de facto, configura una alianza institucional preocupante”, afirmó Marín.
Otro punto crítico señalado por la Defensoría del Pueblo es la falta de un marco jurídico claro que defina cómo se garantizarán los derechos de las víctimas en medio de este posible escenario.
El panorama en el Catatumbo es alarmante. La violencia entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN, que se disputa el control territorial, ha generado una crisis humanitaria. Según cifras recientes de la Gobernación de Norte de Santander, entre el 16 de enero y el 8 de mayo se han registrado 127 homicidios violentos, entre ellos cinco menores y 12 uniformados (cinco policías y siete militares).
Además, el conflicto ha provocado el desplazamiento de 66.150 personas y el confinamiento de otras 11.490, siendo el municipio de Teorama el más afectado por el miedo y el control armado.
La ofensiva del ELN, que busca expulsar al frente 33 de la región, ha incluido ataques contra líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y víctimas del conflicto armado. En respuesta, las disidencias han replicado con igual violencia, exacerbando la crisis y profundizando la violación de los derechos humanos, como lo han denunciado organismos internacionales y el Ministerio Público.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo urge al Estado a actuar con cautela y transparencia para evitar que medidas mal estructuradas terminen legitimando a actores armados al margen de la ley en zonas con alta vulnerabilidad civil.
