La orden de ejecución se debe a que Kim Jong-un los considera responsables de la trágica muerte de 4,000 personas y el desplazamiento de más de 15,000 debido a las inundaciones en la provincia de Chagang y la región del río Yalu.
Acusados de corrupción y abandono de deber en medio de la catástrofe, estos funcionarios se enfrentan a la pena capital. En Corea del Norte, las ejecuciones públicas no son inusuales.
Antes de la pandemia de COVID-19, el país registraba un promedio de 10 ejecuciones públicas anuales. Según informes del Korea Times, esta cifra ha aumentado exponencialmente, alcanzando cerca de 100 en los últimos años.
Además, se ha reportado un incremento en las ejecuciones de jóvenes, en un esfuerzo del régimen por mitigar la influencia cultural de Corea del Sur.
