Bogotá, 25 de octubre de 2025 – El gobierno de Colombia ha emitido una enérgica protesta contra los recientes ataques militares realizados por Estados Unidos a embarcaciones en aguas del Pacífico y del Caribe, calificándolos de “ilegales” y de vulnerar la soberanía nacional. La controversia ha escalado las tensiones diplomáticas entre ambas naciones y pone en evidencia un nuevo capítulo de confrontación en la llamada “guerra contra las drogas”.
Contexto de los ataques
Desde principios de septiembre de 2025, el gobierno estadounidense ha desplegado operaciones aéreas y navales para atacar embarcaciones que, según sus declaraciones, estarían vinculadas con el narcotráfico o grupos de “narco-terrorismo” operando desde la región. En octubre, dichas operaciones se extendieron al océano Pacífico, lo que representó un salto geográfico respecto a anteriores acciones en el Caribe.
El gobierno colombiano sostiene que, en al menos uno de los casos, una embarcación con pescadores colombianos fue destruida bajo el supuesto de estar involucrada en tráfico de drogas, aunque sin que se presenten pruebas públicas que avalen la acusación. En reacción, el presidente Gustavo Petro declaró que dichos ataques constituyen “asesinato” y solicitó que sus familias denuncien los hechos para poder esclarecerlos.
Posición del gobierno colombiano
La Cancillería de Colombia publicó un comunicado en el que exige al gobierno de Estados Unidos que cese inmediatamente las operaciones, y que respete las normas del derecho internacional marítimo, la soberanía nacional y los derechos humanos. Asimismo, Petro señaló que la presencia militar estadounidense en estas zonas sin coordinación bilateral adecuada viola el marco de cooperación tradicional y pone en riesgo la estabilidad regional.
El mandatario también restó importancia a la amenaza de sanciones de Washington sobre la ayuda internacional a Colombia, calificándolas de “nada” en su efecto real, si bien reconoció que una suspensión de la cooperación militar tendría implicaciones.
Reacción de Estados Unidos
La administración estadounidense, por su parte, ha justificado los ataques bajo la premisa de que se trata de acciones de “contranarcóticos” en el marco de un “conflicto armado” con redes criminales que actúan en la región. Sin embargo, analistas legales y de derechos humanos han cuestionado la legalidad de ejecutar bombardeos marítimos sin transparencia, verificación de la identidad de los objetivos ni garantías de procedimiento.
Implicaciones diplomáticas y políticas
Este episodio representa una de las peores crisis diplomáticas recientes entre Colombia y Estados Unidos, dos países aliados históricos en materia antidrogas. La acusación por parte de Colombia de violación de soberanía y de muertes de ciudadanos colombianos sin explicación pública ha encendido el debate sobre la eficacia y legitimidad de la estrategia militar estadounidense en la región.
Además, el asunto adquiere relevancia electoral para Petro y su gobierno, quienes promueven una agenda de soberanía nacional y crítica al intervencionismo externo; al mismo tiempo, Washington pondera la continuidad de su cooperación bilateral y los riesgos de ver su operativa cuestionada.
Qué sigue
Colombia ha requerido una explicación formal de Estados Unidos y ha advertido que de persistir este tipo de operaciones sin coordinación podrían evaluarse medidas diplomáticas o legales ante instancias internacionales. A nivel nacional, se abren investigaciones para verificar si ciudadanos colombianos resultaron afectados y el alcance real de las operaciones. Mientras tanto, en la región se intensifica el debate sobre el respeto al derecho internacional, la soberanía marítima y la eficacia real de las tácticas militares en la lucha contra el narcotráfico.
