Una nueva ola de violencia en el Catatumbo, atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha generado desplazamientos masivos de familias campesinas e indígenas en varias zonas rurales del departamento de Norte de Santander, provocando lo que organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han calificado como una grave crisis humanitaria.
Los ataques, que incluyen enfrentamientos armados, amenazas, instalación de minas antipersona y confinamientos, han afectado especialmente a los municipios de El Tarra, Tibú, Sardinata y Hacarí. Según cifras preliminares de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 1.200 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares durante la última semana de julio y el inicio de agosto.
⚔️ Violencia intensificada y control territorial
Las confrontaciones se habrían intensificado luego de que el ELN reactivara hostilidades contra estructuras residuales del EPL y otras bandas armadas ilegales que disputan el control del narcotráfico, rutas de contrabando y minería ilegal en la región. Testimonios recogidos por medios locales aseguran que las comunidades están atrapadas entre los grupos armados, sin posibilidad de salir ni recibir ayuda.
«Nos obligaron a salir. Dejamos los cultivos, los animales, todo. Nos dijeron que si nos quedábamos, nos mataban», relató un campesino desplazado de la vereda El Líbano, en zona rural de El Tarra.
🏚️ Crisis humanitaria: sin refugios, sin alimentos
Organismos humanitarios advierten que la situación es crítica: muchas familias están hacinadas en colegios, iglesias o casas de familiares en cabeceras municipales, sin acceso adecuado a agua potable, alimentación, medicamentos ni atención médica. La Alcaldía de Tibú y la Gobernación de Norte de Santander han solicitado apoyo urgente al Gobierno nacional.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, instó al Estado a activar rutas de atención inmediata y a brindar acompañamiento permanente a la población desplazada, al tiempo que reiteró la necesidad de que se respete el derecho internacional humanitario.
🗨️ Gobierno exige al ELN respetar el cese al fuego
A pesar de que el ELN se encuentra actualmente en un proceso de diálogo con el Gobierno, los recientes hechos violentos han generado preocupación sobre el cumplimiento del cese al fuego bilateral, vigente hasta finales de agosto de 2025. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresó su preocupación y solicitó explicaciones formales a la delegación del ELN.
«Estas acciones van en contra del espíritu de la negociación. Si el ELN quiere avanzar hacia la paz, debe demostrarlo en los territorios», afirmó el funcionario.
📢 Llamado de la comunidad internacional
Entidades como Human Rights Watch, la Misión de Verificación de la ONU y Médicos Sin Fronteras han manifestado su preocupación por la situación y exhortaron a proteger a la población civil, exigir el desminado humanitario y garantizar la atención a los desplazados.
