Bogotá, 30 de agosto de 2025 – Lo que inicialmente se consideró un trágico episodio aislado ha encendido las alarmas sobre una amenaza creciente: los ataques con drones explosivos por parte de disidencias armadas en Colombia. Lo ocurrido en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero antinarcóticos fue derribado, resultando en la muerte de trece policías, ilustró no solo la sofisticación armamentística de estos grupos, sino también la vulnerabilidad del país ante nuevas formas de agresión.
El ataque y sus consecuencias
En la operación de erradicación de cultivos ilícitos en la zona rural de Amalfi, los uniformados en tierra fueron emboscados con explosivos y disparos. Al acudir en apoyo, el helicóptero fue derribado —según se investiga— por un dron armado o una mina terrestre: las primeras versiones apuntan a un artefacto explosivo al momento de su aterrizaje. La aeronave, un modelo Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional, transportaba 17 uniformados; 13 fallecieron y 4 resultaron heridos.
Inicialmente, las autoridades atribuyeron el ataque al Clan del Golfo, pero luego confirmaron la autoría de la estructura Frente 36, perteneciente a las disidencias del Estado Mayor Central bajo el mando de alias Calarcá.
Escalada del uso de drones
Este incidente es el más grave de una serie creciente de ataques. El uso de drones por parte de grupos armados ilegales ya es parte activa del conflicto, sobre todo en zonas como Cauca y Catatumbo, donde sus zumbidos se han convertido en presagio de violencia. En 2025, el número de ataques con drones creció más del 50 % respecto al año anterior: en 2024 se registraron 119 ataques, que dejaron 32 militares, 7 policías y 28 civiles heridos.
La capacidad ofensiva de estos artefactos ha evolucionado: inicialmente usados para vigilancia, ahora están adaptados para transportar explosivos y dirigidos hacia blancos específicos.
El desafío para la seguridad y tecnología militar
Las fuerzas armadas reconocen que no están equipadas para enfrentar esta nueva amenaza. El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, alertó sobre el costo y la dificultad que representa dotar a las tropas con sistemas antidrones, especialmente teniendo en cuenta los 3.000 pelotones desplegados en todo el país.
Reacción política y social
Ante la gravedad del hecho, el presidente Gustavo Petro aseguró que el lugar del incidente podría haber sido preparado con antelación mediante minas enterradas, señalando un nivel de planificación elevado. Humberto de la Calle, exjefe negociador, calificó el uso de drones como un punto crítico que “hay que anular”. Por su parte, la exviceministra de Defensa Daniela Gómez matizó que el alcance de los drones, por ahora, está limitado a momentos de despegue o aterrizaje.
Conclusión
El derribo del helicóptero en Amalfi trascendió la tragedia por las vidas perdidas. Revela una realidad inquietante: la modernización tecnológica de los grupos armados ilegales ha superado la capacidad de respuesta del Estado. Colombia debe afrontar y adaptar su estrategia de seguridad a esta nueva amenaza para evitar que la escalada de violencia siga cobrando vidas y socavando la estabilidad.