Este jueves se llevó a cabo el primer paro de Asonal judicial en el gobierno de Gustavo Petro, con peticiones para el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, demandando mejoras laborales para los funcionarios.
Integrantes de la Rama Judicial se tomaron varias sedes en diferentes ciudades del país. En Bogotá, la manifestación se presentó en los despachos de los juzgados penales de Paloquemao y en el edificio Hernando Morales de los despachos civiles.
En un principio se anunció que el cese de actividades sería de forma indefinida, pero podría durar 48 horas.
Con banderas, carteles y arengas, los funcionarios manifestaron las peticiones para las diferentes entidades encargadas del funcionamiento de los despachos. Así mismo, se presentaron los funcionarios que trabajan en Barranquilla.
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En la capital del Atlántico, los manifestantes, agremiados, realizaron la manifestación en el Edificio Manzur. De igual forma se manifestaron en departamentos como Cundinamarca, Casanare, Huila y Tolima.
Las razones de esta manifestación son varias. Aunque inicialmente no es contra del Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, le exigen a este y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, acciones concretas respecto a la creación de 4.000 nuevos jueces de la República.
«Reclamamos que las vacantes se tienen que llenar»
Fredy Machado, presidente de Asonal.
Según el líder sindical, el ente investigador mantiene varios cargos de forma provisional, lo que había llevado a politizar la entidad. Es por esto que exigen la implementación de la carrera en la Fiscalía, lo que permitiría elegir funcionarios que sepan desempeñar las funciones.
Peticiones a la Rama Judicial
Uno de los problemas que motivó la manifestación está relacionado con la ley que mantuvo las herramientas digitales en los despachos, implementadas a raíz de la pandemia de covid-19, pero cuyo proceso no ha cumplido con los estándares que esperaban.
«En el contrato de digitalización de expedientes se contrató a personas que no conocen la materia»
Añadió Machado.
Por esa razón los funcionarios le exigen al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno que revisen los contratos de digitalización porque denuncian incumplimiento y baja idoneidad para cumplirlo.
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Entre otras peticiones, también abogan por la unificación de las sedes judiciales en un solo espacio, que ahorre dineros de arriendo de edificios y que beneficiaría a los litigantes y funcionarios.
