El 20 de agosto de 2025, el Gobierno de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, otorgó asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del DAPRE y de la DNI, implicado en el escandaloso caso de corrupción de la UNGRD. Esta decisión ha tensado las relaciones diplomáticas, ya que Colombia había solicitado su extradición el pasado 15 de agosto.
Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia manifestaron que no comparten la decisión nicaragüense, argumentando que González Merchán está siendo investigado por delitos comunes, lo cual no es motivo para otorgar asilo político según los instrumentos internacionales vigentes, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, insistió en que González no es un perseguido político, tiene garantías legales en Colombia, y el asilo no es procedente, La canciller Rosa Villavicencio enfatizó que los delitos imputados como cohecho, peculado y lavado de activos son graves y no políticos, por lo que el asilo no debe usarse para favorecer la impunidad. Además, instó a Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales y cooperar en la lucha contra la corrupción; El comunicado también señala que la medida viola el Tratado de Extradición de 1929 entre Colombia y Nicaragua, que establece la entrega mutua de procesados o condenados.
En el Congreso colombiano, varios congresistas expresaron rechazo y advirtieron que el asilo pone al gobierno en una situación complicada. Lo consideraron un obstáculo para la justicia y exigieron una fuerte gestión diplomática para que se revoque la medida.
