En reemplazo de Diego Tello Esquivel, quien fue declarado insubsistente
Esta semana fue oficializada la designación de Jorge Vásquez Subiroz como nuevo Procurador Regional del Huila, en reemplazo de Diego Tello Esquivel, quien fue declarado insubsistente. Aunque el anuncio podría parecer de rutina, detrás del nombramiento se teje una compleja red de intereses y relaciones que preocupan a sectores políticos y sociales de la región.
Vásquez Subiroz, oriundo de Barranquilla, ocupó hasta 2023 el cargo de Procurador Provincial en esa ciudad, de donde salió en medio de controversias por su intervención en el traslado del condenado Emilio Tapia al Batallón de Malambo. Aunque posteriormente fue absuelto, su nombre quedó marcado por esa actuación. Desde entonces, su ascenso ha sido impulsado por poderosos sectores de la Costa, incluyendo, según versiones, al polémico empresario Alfonso del Cristo Hilsaca, conocido como el “Turco”.
La sombra del “Turco” en Neiva
El “Turco” Hilsaca es conocido en el Huila por sus negocios a través de ESIP, la empresa encargada del alumbrado público y de la actualización del catastro multipropósito en Neiva. La relación entre Vásquez Subiroz y Hilsaca ha generado sospechas sobre la verdadera intención de su llegada al departamento, justo cuando la Procuraduría archivó un proceso contra el exalcalde Gorky Muñoz relacionado con dicho contrato.
“Es muy grave lo que está pasando. Están montando una estructura de poder para blindar negocios cuestionables. No es coincidencia que el nuevo procurador tenga vínculos con Hilsaca, quien está detrás de importantes contratos en la región”, afirmó a este medio un funcionario experto en derecho disciplinario.
Riesgo para la institucionalidad
La preocupación va más allá del nombramiento individual. Según fuentes cercanas al Ministerio Público, Hilsaca también estaría moviendo sus fichas para asumir el control de la Procuraduría Provincial de Neiva, otro cargo clave en la vigilancia de la contratación pública en la ciudad.
Analistas aseguran que, de consolidarse esta influencia, se afectaría la independencia de la entidad encargada de ejercer control disciplinario sobre funcionarios públicos, justo en momentos en que se requiere mayor transparencia. “Si esto se confirma, podríamos estar ante una estrategia para coaccionar a alcaldes y gobernadores, protegiendo los intereses de empresas con oscuros antecedentes”, advirtió la misma fuente.
La Procuraduría en la mira
Este caso pone nuevamente en entredicho la credibilidad de la Procuraduría, una institución llamada a salvaguardar la moral administrativa, pero que podría estar siendo instrumentalizada por intereses económicos. La ciudadanía y los entes de control deberán seguir de cerca el actuar del nuevo procurador regional, en un escenario donde lo público parece cada vez más permeado por redes privadas de poder.
