Contratación directa en Popayán: ¿Transparencia en riesgo?
La administración municipal de Popayán ha despertado preocupaciones con la reciente asignación de 1.500 millones de pesos a un único operador sin convocatoria pública. En 2024, este proceso se realizó mediante una convocatoria abierta, cumpliendo con la Ley 80 de 1993. No obstante, para 2025, la alcaldía optó por la contratación directa a través de un convenio de asociación, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia en el manejo de estos fondos. Si bien la contratación directa está permitida por el artículo 355 de la Constitución y regulada por la Ley 489 de 1998, su aplicación debe ajustarse a criterios de transparencia y selección objetiva, según lo establece el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). La ausencia de un proceso competitivo genera inquietud sobre la idoneidad del operador seleccionado y la correcta destinación de los recursos, que deberían priorizar a las víctimas del conflicto armado.
Exigen intervención de organismos de control
El uso de esta modalidad de contratación sin competencia podría afectar la credibilidad de la Secretaría de Gobierno y del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Por ello, se solicita una revisión exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para verificar que el proceso cumpla con la normatividad vigente y garantice el correcto uso de los recursos.
¿Patrón de opacidad en la administración?
Este caso plantea una pregunta crucial: ¿es un hecho aislado o una práctica recurrente en la gestión municipal? Las víctimas del conflicto, principales afectadas por estas decisiones, tienen derecho a respuestas claras y a un manejo eficiente de los fondos destinados a su reparación. La falta de transparencia en este proceso genera preocupación sobre cómo se están administrando otros recursos en la ciudad. No se trata solo de una cuestión administrativa, sino de justicia social. Las víctimas del conflicto no pueden ser reducidas a una cifra en un presupuesto ni utilizadas para justificar procesos opacos. La administración municipal debe rendir cuentas y garantizar que cada peso invertido tenga un impacto real y medible. La transparencia no es opcional, sino una obligación constitucional que debe cumplirse sin excepciones.
