La discusión del salario mínimo para 2026 aún no ha arrancado oficialmente en la mesa de concertación, pero ya está marcada por una cifra que generó tensiones inmediatas entre Gobierno y empresarios: $3.000.000, el valor que —según un análisis basado en datos de la OIT— debería recibir una familia colombiana para vivir con dignidad.
El dato fue mencionado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que se trata de una estimación técnica que busca dimensionar el costo real de la vida en el país y no una propuesta formal de incremento salarial. Sin embargo, apenas se conoció, el número detonó respuestas desde los gremios económicos, que alertaron por el impacto fiscal y empresarial que implicaría un alza de tal magnitud.
Sanguino insistió en que la cifra se usó como referencia contextual, destacando que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un salario que cierre brechas y garantice condiciones básicas de bienestar. Pero los empresarios señalaron que el aumento tendría efectos en empleo, sostenibilidad de las compañías y dinámica inflacionaria, justo en un momento en que varios sectores aún se recuperan.
La mención, aun antes de instalar la mesa oficial, anticipa un proceso de negociación tenso y decisivo, donde el Gobierno busca introducir criterios de “salario digno”, mientras que el sector privado pide prudencia y anclaje a variables macroeconómicas tradicionales.
Con la cifra sobre la mesa —aunque no como propuesta—, el debate del salario mínimo de 2026 empieza con uno de los arranques más movidos de los últimos años. ¿Se convertirá en punto de acuerdo o en línea roja? Eso lo definirá la negociación que está por comenzar.
