La ministra de las TIC Carmen Ligia Valderrama, inició labores con la prioridad de recuperar los 70.000 millones de pesos que en la gestión de su antecesora se anticiparon de manera fraudulenta a la Unión Temporal Centros Poblados, por un contrato de conectividad en zonas apartadas.
Además de encaminar, precisamente, el total de ese acuerdo que por 10 años llevará internet gratis a millones de personas, una de las metas de gobierno de Iván Duque que se veía seriamente comprometida por el escándalo.
“Lo primero que hice cuando me posesioné fue entrar y saludar, piso a piso, a cada una de las personas del Ministerio. Me encontré con un equipo golpeado, un equipo con una tradición muy importante de profesionales maravillosos, una tradición que también debíamos rescatar”, dijo a El Tiempo la ministra Valderrama.
Su primera tarea, por tanto, fue hacer un análisis preciso y claro de la situación:
“Me encontré con un rompecabezas de miles de piezas con variables penales, contenciosas, administrativas, financieras, con acciones de tutela y acciones populares, más una presión general muy fuerte por liquidar (el contrato) y volver a iniciar el proceso, algo que menos mal no se hizo”, reconoce.
Si lo hubiera llevado de esa manera, la ministra explica que el arduo trabajo por diseñar un contrato con vigencias futuras a diez años para beneficiar a millones con conectividad, se hubiera ido a la basura.
“Al revisar todo entendí que acá no estábamos rescatando solo 70.000 millones de pesos; estamos rescatando un billón de pesos por 10 años de conectividad gratuita”, dice, no solo para niños en colegios remotos del país, sino para campesinos, comunidades lejanas e incluso Fuerzas Militares.
De manera que tomo la segunda decisión: crear un grupo élite legal que se encarga de “cuidar que cada paso que estamos dando sea tan riguroso que nos impida fallar” en prioridad de llegar hasta el cobro coactivo de los famosos 70.000 millones del anticipo.
Al revisar todo entendí que acá no estábamos rescatando solo 70.000 millones de pesos; estamos rescatando un billón de pesos por 10 años de conectividad gratuita.
Cabe destacar que, en realidad a hoy son más de 74.000 millones, sumados intereses y costos de indexación de esos recursos en las arcas del Estado.
Tanta filigrana judicial busca que en cada movimiento se garantice que se cumplen con todos los requisitos y términos de Ley, “porque lo peor que nos puede pasar es cometer un error que haga que se nos caiga todo el proceso”.
Fuente: El Tiempo