El secuestro de 57 militares en zona rural de El Tambo, Cauca, marcó uno de los episodios más tensos del conflicto armado en el suroccidente del país en lo corrido de este año. La operación de rescate, la judicialización de los responsables y los testimonios de los soldados liberados muestran la complejidad de la situación de orden público que se vive en esta región colombiana.
Según las autoridades, la comunidad que mantenía privados de la libertad a los uniformados no actuaron por cuenta propia, sino bajo coacción directa de la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc vinculada al Estado Mayor Central. Los uniformados fueron retenidos en un polideportivo de la zona durante más de 50 horas, en una región montañosa y de difícil acceso, históricamente utilizada por grupos ilegales para el control territorial y el narcotráfico.
El operativo de rescate, denominado “Justicia”, fue ejecutado por tropas de la Tercera División del Ejército Nacional y unidades de la Policía Nacional. Tras ubicar a los militares en el corregimiento de Huisito, se consolidó un cerco militar que permitió su liberación en la tarde del lunes 23 de junio. Durante la operación se vivieron momentos de alta tensión, incluso con detonaciones y disparos en la zona, según testigos y voceros comunitarios.
En un video, compartido por las autoridades, se muestran los pormenores del operativo.
El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la Tercera División, ordenó la captura en flagrancia de quienes intentaron huir del lugar tras el rescate. Como resultado, más de 20 personas fueron detenidas y judicializadas por su presunta responsabilidad en el secuestro. Las autoridades señalaron que la comunidad fue utilizada como “escudo humano” por la estructura Carlos Patiño para evitar el avance de la tropa.
Algunos soldados manifestaron su alivio tras la liberación y describieron la tensión vivida durante las horas de cautiverio. “Fueron momentos de mucha incertidumbre, pero nunca perdimos la esperanza de que nos rescataran”, relató uno de los uniformados tras su llegada a Popayán. Otros destacaron la presión constante de los armados sobre la comunidad y el temor de que la situación se saliera de control ante cualquier intento de rescate.
El Ejército, en un comunicado, reiteró su rechazo al uso de civiles como instrumento de guerra y reafirmó su compromiso de mantener el control territorial en el Cañón del Micay, una zona estratégica para el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.
