En un acto que marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense, el presidente Donald Trump inauguró este martes el centro de detención conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado en un antiguo aeródromo dentro de la reserva natural de los Everglades, en Florida.
La instalación se erige en medio de un ecosistema plagado de caimanes, pitones y serpientes, lo que, según las autoridades, convierte el entorno en un elemento disuasorio natural para quienes intenten escapar.
La infraestructura del centro se caracteriza por su rapidez de construcción y su naturaleza temporal, compuesta principalmente por remolques y carpas resistentes. Inicialmente, el complejo ofrecerá entre 500 y 1.000 camas, con planes de expansión para alcanzar una capacidad total de 5.000 camas a principios de julio. La cifra supera ampliamente las estimaciones iniciales de 1.000 detenidos y responde a la creciente demanda de espacios para albergar inmigrantes en detención.
El centro ocupa una superficie de aproximadamente 78 kilómetros cuadrados, rodeada completamente por el parque natural de los Everglades, un área que alberga cerca de un millón y medio de caimanes. La antigua pista de aterrizaje, de 3.400 metros de longitud, ha sido adaptada para este fin, aprovechando la dificultad natural que representa la fauna local para evitar fugas.
En cuanto a la seguridad, la Guardia Nacional de Florida desplegará hasta 100 soldados para apoyar la vigilancia y el personal operativo del centro. Este despliegue será coordinado con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y dependerá de las necesidades logísticas y decisiones políticas del gobernador Ron DeSantis. Además, la infraestructura ligera y el entorno hostil se consideran elementos clave para minimizar la necesidad de un perímetro físico tradicional.
El costo estimado para operar esta instalación es de aproximadamente 245 dólares por cama por día, lo que representa un gasto anual cercano a los 450 millones de dólares. Este financiamiento será asumido inicialmente por el Estado de Florida, con solicitudes de reembolso a FEMA y al Departamento de Seguridad Nacional, reflejando la colaboración entre niveles de gobierno para esta iniciativa.