El exfiscal general de Colombia Sergio Francisco Barbosa aseguró, en entrevista con el medio argentino Infobae, que los responsables del asesinato del candidato político Miguel Uribe podrían verse beneficiados por la Ley de Sometimiento impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Barbosa manifestó su profunda preocupación sobre los alcances de esta norma, que busca otorgar beneficios judiciales a grupos criminales que se sometan a la justicia, argumentando que “tendríamos a los criminales haciendo política en la calle”, lo que podría socavar la seguridad y la justicia en el país.
En la entrevista el exjefe del ente investigador cuestionó la ley que pretende facilitar que estructuras criminales entreguen armas, colaboren con la justicia y reparen a las víctimas a cambio de penas reducidas. Según Barbosa, la estrategia podría permitir a criminales con antecedentes de alta peligrosidad, como los autores del asesinato de Uribe, evitar penas severas y acceder a espacios políticos o sociales con un reconocimiento dudoso. El exfiscal enfatizó que “esto abre una puerta peligrosa en la que los victimarios pueden legitimarse y continuar con sus actividades ilícitas bajo otro título”.
El exfuncionario explicó que esta ley, que la administración Petro considera clave para su política de “Paz Total”, ha generado fuertes debates y rechazos dentro del sistema judicial y la clase política. Para Barbosa, la iniciativa carece del tiempo y el debate profundo necesarios, recordando que procesos similares han naufragado en el pasado debido a la falta de consenso y a preocupaciones legítimas sobre la impunidad.
Según el proyecto presentado por el gobierno, están contempladas penas entre cinco y ocho años para los máximos responsables de grupos criminales, y entre dos y cinco para sus colaboradores, sin requerirse la categoría de “delincuente político” para acceder a estos beneficios. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha defendido la ley argumentando que protege los derechos de las víctimas y representa “una apuesta por la lucha contra el narcotráfico”, pero Barbosa cuestiona la efectividad real y las consecuencias sociales de esta política.
