Por César Escallón
La violencia en el Huila, especialmente los asesinatos de líderes sociales y la presencia de grupos armados, continúa siendo un grave problema para la región. En el último año, el departamento ha sido escenario de una creciente ola de violencia que afecta tanto a las zonas rurales como urbanas. Los defensores de los derechos humanos, la justicia social y el medio ambiente se han convertido en blanco de grupos armados ilegales, que cometen crímenes violentos a menudo impunes, creando un ambiente de miedo e incertidumbre.
A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, los asesinatos continúan, y las investigaciones avanzan lentamente, reforzando la desprotección. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, las disidencias de este grupo armado siguen activos en el Huila, controlando el narcotráfico y ejerciendo presión sobre las comunidades. La violencia sigue siendo una constante, lo que genera temor e inseguridad entre los habitantes.
La situación evidencia las limitaciones de las políticas de seguridad y justicia, ya que muchos habitantes aseguran que los recursos son insuficientes para su protección. La impunidad y la lentitud de las investigaciones refuerzan la desconfianza en las instituciones. A pesar de esto, es posible soñar con una región más pacífica si se trabaja conjuntamente entre las comunidades, las autoridades y las organizaciones sociales, garantizando la justicia y erradicando los grupos armados ilegales.
