Asesinan a lideresa indígena Aída Damaris Flor Camayo en Morales, Cauca: ya son 89 líderes asesinados en Colombia en 2025

La líder indígena Aída Damaris Flor Camayo fue asesinada a tiros en su vivienda, ubicada en la vereda El Jordán, municipio de Morales, Cauca. Con su muerte, se eleva a 89 el número de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2025. Organizaciones indígenas y de derechos humanos exigen justicia y una respuesta contundente del Estado ante la intensificación de la violencia en la región.
Aída Damaris Flor Camayo
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Las comunidades indígenas del Cauca viven un nuevo episodio de dolor tras el asesinato de Aída Damaris Flor Camayo, reconocida lideresa del resguardo de Honduras en el municipio de Morales. El crimen ocurrió la noche del viernes 18 de julio, cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda, ubicada en la vereda El Jordán, y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Flor Camayo era ampliamente respetada por su defensa de los derechos de las comunidades indígenas, así como su liderazgo en la guardia indígena. Además, era hermana de Eduardo Camayo, actual coordinador político de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, lo que profundiza el impacto del asesinato en el movimiento indígena caucano.

Organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunciaron la gravedad de este hecho, calificándolo como feminicidio y advirtiendo sobre los riesgos crecientes de liderar procesos comunitarios en zonas con alta presencia de grupos armados. “Exigimos justicia y acciones concretas para enfrentar la violencia que afecta a las mujeres indígenas”, señalaron.

Según datos divulgados por Indepaz, con la muerte de Aída Damaris, ya son 23 lideresas indígenas asesinadas en el Cauca durante 2025 y un total nacional que asciende a 89 dirigentes sociales caídos solo este año. El departamento de Cauca se mantiene como uno de los territorios más golpeados por la violencia dirigida contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente, a través de alertas tempranas, sobre los riesgos manifiestos en la región por la acción de grupos armados ilegales, en especial los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, vinculados a las disidencias de las FARC. Estos grupos ejercen control social y han aumentado la presión violenta sobre las comunidades y sus liderazgos.


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