Sergio Vivas, firmante del acuerdo de paz y acreditado mediante la Resolución 002 del 23 de marzo de 2017 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), fue asesinado en el norte del Cauca. El crimen ocurrió luego de que Vivas fuera secuestrado el pasado 11 de enero en el sector de El Pajarito, zona rural de Toribío.
El hombre de 40 años fue interceptado por sujetos armados mientras se desplazaba en motocicleta por la vía que conecta el corregimiento de El Palo con el casco urbano de Toribío. Desde entonces, las comunidades indígenas de la región denunciaron su desaparición y activaron operativos de búsqueda para localizarlo.
La presencia del frente Dagoberto Ramos Ortíz, una estructura disidente de las FARC, en esta región del norte del Cauca, ha generado sospechas sobre su posible responsabilidad en este acto criminal. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente a los responsables del secuestro y posterior asesinato.
El caso de Sergio Vivas es un doloroso recordatorio de los riesgos que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en Colombia, especialmente en territorios donde persiste la influencia de grupos armados ilegales.
Las comunidades locales y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido a las autoridades reforzar las medidas de seguridad para proteger a quienes trabajan por la construcción de paz en el país. Este nuevo hecho de violencia subraya la urgencia de garantizar condiciones que permitan el desarrollo de una paz estable y duradera.
