El pueblo indígena Nasa del Putumayo está de luto tras el asesinato de Leonairo Samir Montero Paz, gobernador de la comunidad Kwe’sx Tata Wala. El crimen ocurrió el domingo 9 de febrero alrededor de las 6:30 p.m. en la vereda Planadas, cerca de Santa Ana, en Puerto Asís. Montero recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió de inmediato, mientras que su esposa, Martha Becerra Solarte, resultó gravemente herida, con lesiones en las piernas y el abdomen.
El ataque se produjo cuando la pareja salía de su finca. Según testigos, un hombre que merodeaba la zona disparó contra ellos, dejando a la esposa de Montero gravemente herida. Martha fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra en condición estable. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad indígena, resaltando la creciente vulnerabilidad de los líderes sociales en la región.
Zona marcada por la violencia del conflicto armado
Hasta el momento, ninguna estructura armada se ha atribuido la autoría del crimen, lo que aumenta la incertidumbre y el temor en las comunidades del Putumayo, una zona que ha sido históricamente afectada por el conflicto armado. El asesinato de Montero deja a tres hijos huérfanos, lo que ha generado una mayor alarma sobre el recrudecimiento de la violencia en la región.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Ante este crimen, las comunidades indígenas y organizaciones sociales han solicitado de manera urgente al Gobierno Nacional que tome medidas concretas para garantizar la protección de los líderes sociales y defender los derechos fundamentales de las poblaciones rurales. “Es urgente que los Ministerios de Defensa, Interior, Ambiente, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y la Unidad de Atención a las Víctimas asuman con decisión y eficiencia la política de protección y atención a las comunidades en el Putumayo”, indicaron representantes de las comunidades afectadas.
Este asesinato refleja la crítica situación de inseguridad que viven los líderes sociales en el Putumayo y la necesidad de una respuesta inmediata del Gobierno para proteger a las comunidades y frenar la violencia en la región.
