Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento del Huila. Las autoridades investigan el asesinato de Juan Pablo Lozada Gallo, un adolescente de 15 años que había sido rescatado por el Ejército Nacional tras haber sido reclutado forzosamente por un grupo armado residual.
El cuerpo sin vida del joven fue hallado en las últimas horas en la vereda San Martín, zona rural del municipio de La Plata, con impactos de arma de fuego.
Un hallazgo que estremeció a la comunidad
El hallazgo fue reportado por habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo tendido en una zona boscosa. Unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que el menor presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego.
Las autoridades judiciales iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes serían los responsables. Aunque ninguna estructura armada se ha atribuido el hecho, no se descarta la participación de disidencias de las Farc.
Un pasado marcado por el conflicto
Juan Pablo, conocido por sus allegados como “Piquiña”, había sido recuperado en febrero pasado por el Grupo Gaula Militar de la Novena Brigada del Ejército Nacional, en un operativo simultáneo desarrollado en La Plata y Pitalito. Según se conoció, el menor había sido reclutado siete meses atrás por el grupo armado residual Hernando González Acosta, parte del Bloque Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central.
Durante el mismo operativo, también se presentó de forma voluntaria un integrante de la Segunda Marquetalia, otra facción disidente de las extintas Farc.
Sin protección tras el rescate
Tras su rescate, Juan Pablo fue acogido por una fundación de atención a víctimas del conflicto armado y posteriormente entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Sin embargo, según denuncias del director de la organización, Alex Vargas, ni el menor ni su madre recibieron las garantías de protección adecuadas por parte del ICBF.
“Se sintieron desprotegidos. Tuvieron que regresar a La Plata, donde fue obligado nuevamente. El Bienestar Familiar del Huila falló en su deber de protegerlo”, afirmó Vargas.
Un crimen que exige respuestas
El homicidio de Juan Pablo ha generado una profunda indignación en la comunidad huilense, que exige justicia y mayores garantías para los menores víctimas del conflicto armado. Las autoridades han reiterado su llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de este crimen.
El caso deja en evidencia la urgencia de fortalecer los protocolos de atención, protección y seguimiento a menores víctimas de reclutamiento forzado, para evitar que tragedias como esta se repitan.
