El caso del secuestro del niño Lyan José Hortúa Bonilla, de 11 años, ha dado un nuevo y trágico giro: este jueves fue asesinado en Cali Jesús Antonio Cuadros Osorno , un familiar directo del menor y pieza clave en su liberación. El crimen ocurrió mientras el hombre desayunaba en una cafetería del sur de la ciudad. Hombres armados le dispararon dos veces y huyeron sin dejar rastro.
Familia
Cuadros era primo del padrastro del niño y fue quien entregó el dinero del rescate. Según la Personería de Cali, él fue el encargado de llevar el millonario pago hasta un punto acordado por los captores, miembros de la disidencia Jaime Martínez, brazo armado de las extintas FARC. Su muerte deja un vacío clave en las investigaciones y revela los oscuros nexos detrás del secuestro.
¿Extorsión?
Lyan fue secuestrado el pasado 3 de mayo en Jamundí por hombres fuertemente armados. Durante 18 días, su familia vivió una pesadilla que solo terminó cuando pagaron por su libertad. Aunque en un principio se pensó que se trataba de un caso de extorsión común, las investigaciones revelaron otra historia: todo estaría ligado presuntamente a una millonaria deuda del mundo del narcotráfico.
Entramado
Las autoridades apuntan a que el verdadero objetivo del secuestro eran Jorsuar Suárez y Angie Bonilla, padrastro y madre del menor, señalados de tener presuntamente cuentas pendientes con Diego Rastrojo, poderoso capo extraditado. La deuda, de más de 37 mil millones de pesos, sería producto de negocios ilegales que Bonilla habría manejado como testaferra de alias Rastrojo y del fallecido alias Mascota, padre biológico del niño.
Mascota
Alias Mascota fue asesinado en 2013 en Cali y era considerado uno de los hombres de confianza del narco. Según versiones en poder de la Fiscalía, tras su muerte y la captura de Rastrojo, Bonilla habría quedado con bienes y dinero del cartel, que ahora estarían en disputa. Por ese supuesto desfalco, Los Rastrojos habrían ordenado el secuestro para presionar la devolución del botín.
Al no encontrar a sus verdaderos objetivos, los criminales se llevaron a Lyan. Su rescate no fue gestionado por las autoridades, sino por acuerdos privados, dinero en efectivo y presión social. Sin embargo, la familia denunció abandono del Estado. Este caso, que empezó con un secuestro, terminó por destapar una presunta red narco familiar que podría tener más ramificaciones. La impunidad y el silencio siguen reinando, mientras la guerra por la herencia criminal continúa manchando de sangre las calles del Valle del Cauca.
