Violencia en el sur del Cauca
La violencia contra quienes trabajan por sus comunidades sigue dejando víctimas en el Cauca. En las últimas horas, Ana Elcy Arteaga, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pan de Azúcar, fue asesinada en la vía Panamericana, en el municipio de Rosas. Su labor en defensa de los derechos de su comunidad y su liderazgo la habían convertido en blanco de amenazas por parte de un grupo armado ilegal. Este crimen ha generado preocupación entre habitantes de la zona y organizaciones sociales, que denuncian la falta de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos en el departamento.
Inseguridad
El ataque ocurrió en un contexto de creciente inseguridad en la región, donde la presencia de grupos armados ha aumentado en los últimos meses. Arteaga había sido advertida sobre posibles represalias debido a su trabajo comunitario, lo que refuerza el temor de que la violencia contra dirigentes comunales continúe sin un control efectivo. A pesar de las constantes denuncias y llamados a las autoridades para reforzar la seguridad en el Cauca, la situación sigue empeorando, dejando a muchas personas expuestas a amenazas y agresiones.
Según organizaciones de derechos humanos, con este asesinato ya son 32 los líderes sociales que han perdido la vida en Colombia en lo que va del 2025. Estas cifras reflejan el alto nivel de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de sus comunidades y exigen mejores condiciones de vida para la población. En el caso del Cauca, la situación es aún más preocupante, ya que el departamento encabeza las estadísticas de ataques contra dirigentes sociales en el país. La falta de medidas efectivas de protección y la impunidad en estos crímenes generan un ambiente de temor e incertidumbre entre quienes trabajan en procesos organizativos.
El sur del Cauca se ha convertido en una de las zonas más afectadas por la violencia, donde los grupos armados imponen su dominio y restringen las acciones de quienes buscan el bienestar de sus comunidades. En varios municipios, los habitantes han denunciado el incremento de extorsiones, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos, lo que ha provocado una crisis humanitaria de gran magnitud.
