Dos jóvenes murieron tras un ataque con arma de fuego registrado durante la tarde del sábado 3 de octubre en un establecimiento dedicado a la elaboración de tatuajes, ubicado en inmediaciones de la carrera 9, en el centro de Campoalegre. El hecho es investigado por las autoridades, que buscan establecer quién ingresó al lugar, cuáles fueron las circunstancias que rodearon la agresión y qué motivó el ataque.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Molina Anacona, quien trabajaba como tatuador, y Cristian Andrés Avilés, quien se encontraba en el establecimiento como cliente. Según la información preliminar, ambos fueron alcanzados por disparos dentro del local. Posteriormente fueron trasladados al Hospital del Rosario de Campoalegre, pero llegaron sin signos vitales, de acuerdo con los reportes conocidos.
La investigación quedó en manos de los organismos judiciales, que deberán recolectar elementos materiales probatorios, revisar posibles registros de cámaras de seguridad, establecer la trayectoria seguida por el atacante y determinar si existían antecedentes de amenazas contra alguno de los fallecidos. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente una hipótesis definitiva sobre el móvil ni han señalado judicialmente a una persona como responsable de este nuevo doble homicidio.
El caso adquiere además una particular dimensión por los antecedentes judiciales que aparecen relacionados con el nombre de Juan Pablo Molina Anacona. De acuerdo con la información suministrada, esa misma persona había sido mencionada en una investigación por la muerte de Daniela Parra Sánchez, ocurrida el 9 de marzo en el barrio Alfonso López, donde la víctima recibió varios impactos de arma de fuego.
En ese proceso también fue capturado Daniel Felipe Ultengo Sanceno, alias “Huesos”. Ambos fueron vinculados inicialmente por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Posteriormente, una decisión judicial fechada el 12 de febrero de 2025 reportó una condena contra Ultengo Sanceno y Molina Anacona a 522 meses de prisión y una multa equivalente a 8,745 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos señalados en la sentencia.
No obstante, cualquier antecedente o decisión judicial relacionada con ese proceso no permite atribuirles responsabilidad por el ataque ocurrido el 3 de octubre sin que existan elementos probatorios y actuaciones judiciales que así lo determinen. En el caso de Molina Anacona, además, resulta relevante que previamente había difundido un video en redes sociales en el que rechazaba las acusaciones y afirmaba ser inocente.
