La noticia de que un juez ordenó el arresto de la secretaria de Movilidad, Edna Johanna Cruz Bonilla, estalló como una bomba política que golpea la confianza ciudadana en el gobierno del alcalde Germán Casagua. La funcionaria, rostro visible de la estrategia de movilidad y seguridad vial en la ciudad, fue declarada en desacato tras no cumplir un fallo de tutela que exigía respuesta a un derecho de petición del ciudadano Leonardo Fabio Narváez López.
La sentencia original, proferida el 12 de mayo de 2025, fue ratificada por el Tribunal Superior de Neiva el 18 de junio. Pese a la claridad de la orden judicial, Cruz Bonilla, según el juzgado, no ejecutó completamente las acciones ordenadas, obligando al juez a dictar un día de arresto, que deberá cumplir en una estación de Policía, y una multa económica equivalente a un día de salario mínimo legal vigente.
Silencio
Más preocupante que la sanción es el mutismo de la administración municipal. Ni la Alcaldía ni la Secretaría de Movilidad han emitido pronunciamientos oficiales. El silencio oficial alimenta la percepción de impunidad y deja preguntas en el aire: ¿dónde están los controles internos? ¿Por qué nadie intervino a tiempo para evitar este escándalo? ¿Quién responde ante la ciudadanía por este bochornoso episodio?
En una ciudad que exige transparencia y legalidad, el desacato de una alta funcionaria no puede verse como un simple tropiezo burocrático. Es un síntoma de algo más profundo: la desconexión de algunos servidores públicos con la esencia del servicio público, que no es otra que garantizar los derechos ciudadanos.
Confianza pública
La imagen de la secretaria Cruz Bonilla tras las rejas, aunque sea por un solo día, es devastadora para la credibilidad de la administración Casagua. No solo se trata de un hecho judicial; es un mensaje inquietante sobre cómo se maneja el poder local y hasta dónde puede llegar la negligencia o la soberbia institucional.
El caso de Cruz Bonilla se convierte en un precedente incómodo para otros funcionarios que pudieran pensar que desobedecer a la justicia carece de consecuencias reales. Además, deja en entredicho el discurso de legalidad y buen gobierno que la actual administración ha defendido desde su posesión.
Mientras Leonardo Fabio Narváez López sigue esperando justicia, Neiva observa, entre asombro e indignación, cómo se desvanece la confianza en quienes deberían dar ejemplo de respeto absoluto por la ley.
