Guzmán enfrentó medidas judiciales tras un prolongado incumplimiento en trámite pensional
El reciente escándalo que puso en el centro del debate al Secretario de Educación de Ibagué tomó fuerza luego de que se conociera, a través de una investigación, la severa decisión que un despacho judicial adoptó por el incumplimiento de una orden constitucional que llevaba meses sin ser atendida. El episodio destapó una cadena de omisiones que terminaron afectando los derechos pensionales de un maestro, cuyo caso reveló la falta de respuesta oportuna por parte de las entidades involucradas, pese a los requerimientos realizados por la autoridad competente.
El proceso se originó cuando el docente radicó su solicitud de pensión en abril de 2025, esperando una respuesta formal dentro del plazo legal. Sin embargo, la ausencia total de avances obligó al afectado a presentar una acción de tutela, la cual fue fallada a su favor con instrucciones claras: la Fiduprevisora debía validar el trámite en 48 horas, mientras que la Secretaría de Educación tenía la obligación de expedir el acto administrativo en un máximo de cinco días hábiles. A pesar de ello, ninguna de las dos instituciones cumplió, lo que motivó el inicio del incidente de desacato examinado por el Juzgado Sexto Penal Municipal.
Durante el análisis del caso, la jueza concluyó que no existían razones que justificaran la falta de gestión. En el expediente se evidencia que la Secretaría de Educación solo avanzó parcialmente y remitió información al FOMAG en una fecha tardía, mientras que la Fiduprevisora no aportó prueba alguna de haber acatado las instrucciones impartidas. Esta combinación de omisiones llevó al despacho a imponer la sanción de cinco días de arresto y una multa de dos salarios mínimos a la representante de la Fiduprevisora y al Secretario de Educación, Diego Fernando Guzmán García, decisión que deberá ser consultada ante un juez del circuito, aunque permanece vigente mientras se adelanta dicho trámite.
Para el maestro afectado, esta determinación constituye un paso significativo en medio de los extensos retrasos que prolongaron la vulneración de sus derechos. La abogada del docente explicó que el juez, antes de recurrir a medidas estrictas, suele solicitar explicaciones formales, pero al no recibirlas en el tiempo requerido, procedió a aplicar las sanciones contempladas en la ley. El caso expone nuevamente la urgente necesidad de garantizar que las autoridades respondan sin dilaciones a obligaciones que comprometen derechos fundamentales. Este episodio dejó al descubierto fallas reiteradas en la gestión administrativa, demostrando cómo la inacción institucional puede desencadenar consecuencias jurídicas que impactan directamente a los ciudadanos afectados.
