La Policía realizó la captura de un hombre que era requerido por la justicia mediante una orden judicial vigente por el delito de violencia contra servidor público. El procedimiento tuvo lugar en el barrio Centro del municipio de Puracé, durante las actividades de prevención y control que adelantan de manera permanente las autoridades en espacios públicos para fortalecer la seguridad y verificar el cumplimiento de la ley.
De acuerdo con la información oficial, los uniformados desarrollaban labores de registro a personas, control y consulta de antecedentes cuando solicitaron la identificación del ciudadano. Tras realizar la verificación en las bases de datos institucionales, establecieron que sobre el individuo pesaba una orden de captura expedida por un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, relacionada con el delito de violencia contra servidor público.
Una vez confirmada la vigencia del requerimiento judicial, los policías procedieron a hacer efectiva la captura, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos. La actuación se llevó a cabo en la vía pública y sin que se reportaran novedades adicionales durante la diligencia.
Posteriormente, el hombre fue informado sobre el motivo de su detención y quedó bajo custodia de las autoridades, para ser puesto a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con el trámite judicial correspondiente y definir las actuaciones que siguen dentro del proceso.
Este tipo de operativos hacen parte de las acciones permanentes de control que adelanta la Policía en diferentes municipios del departamento, mediante patrullajes, registros preventivos y verificación de antecedentes a personas y vehículos. Estas actividades buscan identificar ciudadanos con requerimientos judiciales vigentes y garantizar el cumplimiento de las decisiones emitidas por las autoridades judiciales.
Las autoridades reiteraron que la consulta de antecedentes durante los procedimientos de control permite hacer efectivas órdenes de captura emitidas por los despachos judiciales, contribuyendo al desarrollo de las investigaciones y al cumplimiento de las disposiciones legales. Asimismo, recordaron que toda persona capturada conserva las garantías del debido proceso y que será la autoridad judicial competente la encargada de determinar su situación jurídica conforme a la normatividad vigente.
