El Gobierno Nacional, a través de los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca crear el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar). La iniciativa pretende otorgar a la Armada Nacional un marco legal innovador para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en altamar y blindar jurídicamente las operaciones contra fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, la pesca ilegal, la piratería y el contrabando.
El proyecto contempla la asignación de funciones especiales y restringidas de policía judicial al Cuerpo de Guardacostas, permitiéndoles realizar capturas, inspecciones, manejo de evidencia y audiencias virtuales directamente desde las unidades navales, sin necesidad de suspender operaciones ni regresar a puerto.
“Con este proyecto tenemos una innovación importante porque se le otorgan facultades de policía judicial ordinaria a la Armada Nacional para prevenir delitos de narcotráfico y realizar operativos en situaciones de flagrancia, cuasi flagrancia o cuando existan evidencias que permitan inferir la comisión de un delito”, explicó el ministro de Justicia.
El Peimar establece que las capturas realizadas a más de 24 millas náuticas deberán legalizarse en un máximo de 36 horas, garantizando el respeto a los derechos fundamentales mediante audiencias concentradas virtuales con jueces de control de garantías. Con ello, se busca cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y evitar la interrupción de las misiones de patrullaje y control marítimo.
La norma también propone un esquema operativo de tres fases:
- Orden de detener máquinas.
- Visita e inspección de la nave.
- Continuidad de la operación naval en caso de incautaciones o capturas, sin comprometer la seguridad nacional ni la cadena de custodia de las pruebas.
Asimismo, el proyecto articula a la Armada Nacional con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para coordinar el manejo de evidencias y certificar al personal de guardacostas en funciones de policía judicial, cerrando vacíos legales que en el pasado han afectado procesos penales derivados de operaciones marítimas.
