Una investigación basada en documentos hallados en uno de los computadores incautados a la disidencia de alias Calarcá Córdoba ha sacado a la luz un posible vínculo entre dicha estructura armada y altos mandos del Estado.
Entre los archivos figuran correos, cartas y propuestas secretas que indicarían que el general (r) Juan Miguel Huertas, actualmente al frente del Comando de Personal del Ejército, ofreció a los disidentes la creación de una empresa de seguridad legal para financiar sus operaciones y facilitar su movilidad. Según esos documentos, la empresa sería “mitad y mitad”: el general se encargaría de tramitar permisos para armas, mientras que los disidentes aportarían hombres y capacidad operativa.
Además, el nombre de Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparece de manera recurrente en las comunicaciones. Según la investigación, Mejía —apodado “El Chulo” entre los guerrilleros— habría sido el puente para coordinar frecuencias de radio, rutas y contactos con la estructura disidente.
Estos documentos apuntan a un entramado mucho más complejo de lo que se pensaba, que involucra no solo las disidencias de las FARC, sino también a funcionarios estatales de alto nivel, lo que podría poner en cuestión la transparencia del proceso de paz con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). La revelación ha generado alertas sobre las implicaciones para la seguridad del Estado y las dinámicas de poder entre actores armados y militares, pues de comprobarse la veracidad de estos nexos, podría existir una conexión estructural entre disidencias y ciertas ramas del aparato estatal
